5.000 empleados llegaron a trabajar en los 30 centros que el Grupo de Empresas Álvarez (GEA) tenía en todo el Estado, cuando la firma, un referente internacionalmente, era la primera del sector en España.
A principios de los años 90 del siglo pasado, siendo la empresa propiedad ya del Instituto Nacional de Industria INE)-después de que empezase a dar pérdidas- este la vendió a Estudesa, cuyos responsables, según la Fiscalía, crearon una sociedad, Vanosa, cuyo único capital era el solar de Álvarez en Cabral.
Vanosa solicitó al Banco Exterior de España un crédito de 2,7 millones de euros poniendo como garantía los terrenos de Cabral, terrenos que pasaron a propiedad del banco cuando el crédito no se pagó.
Los propietarios de Estudesa vendieron, en 1996, la firma a un empresario valenciano, estableciendo una cláusula en el contrato de compraventa en la cual ambas partes renunciaban a posibles reclamaciones por las deudas que Estudasa tenía con el Grupo de Empresas Álvarez.
La Fiscalía vio en todo este entramado una trama que tenía como finalidad lograr un beneficio ilícito para lo cual los implicados cometieron, además, un presunto delito de alzamiento de bienes. Todo ello acabó con el cierre de Álvarez, el despido de sus empleados y años de litigios después de que la empresa ‘muriese’ en 2001–tras una suspensión de pagos en 1997-.
Los antiguos trabajadores de Álvarez acudieron a la subasta de los terrenos de la antigua planta y se hicieron con su propiedad, vendiendo los mismos como suelo industrial. Sin embargo, el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Vigo los recalificó como suelo residencial urbanizable en 2008, con lo cual pasaron a valer mucho más, lo que hizo que los ex empleados de GEA siguiesen reclamando la diferencia entre lo que habían percibido cuando la finca que ocupaba la fábrica era suelo industrial y su precio real, una vez fueron calificados como terreno urbanizable.
El próximo día 27 empieza, en Vigo, un juicio que se ha demorado desde aquel 2001 en el cual los presuntos responsables de esta ‘trama’, José R.M., Mariano y Francisco J.A., y Enrique Fidel T.H., se sentarán en el banquillo y para los cuales el ministerio público pide 3 años de cárcel y una multa de 15.000 € entendiendo que son responsables de los delitos mencionados.
