Los 13 detenidos por la Policía Nacional en Vigo por supuestos blanqueo de capitales, insolvencia punible, delitos contra el derecho de los trabajadores y varios delitos contra la Seguridad Social han quedado en libertad, seis de ellos después de declarar en el Juzgado de Instrucción número 3 de Vigo.
A través de un grupo familiar responsable de 100 empresa, los arrestados están acusados de defraudar casi 3 millones de euros a la Tesorería General de la Seguridad Social creando empresas con las que dar de alta a los trabajadores en las que falseaban las cuentas para que sólo diera pérdidas y declararse insolventes para evitar pagos. Después creaban nuevas entidades en las que los volvían a registrar. Aunque su actividad principal era la hostelería, también contaban con compañías de seguridad, construcción y un taller mecánico.
Los administradores y socios al frente de las mercantiles eran familiares y trabajadores de confianza y utilizaban como nexo de unión una compañía que contaba con autorización RED y actuaba como gestoría del resto.
Denuncia de una trabajadora
La investigación comenzó a finales del 2014 tras la denuncia de una trabajadora que había detectado irregularidades en su cotización a la Seguridad Social. A partir de ahí, tras diferentes comprobaciones con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Pontevedra se vioque varios centros de trabajo, en las provincias de Lugo, A Coruña y Pontevedra también estaban siendo inspeccionados.
Al investigar la situación de las empresas se descubrió que tenía una deuda con la Seguridad Social de 2,78 millones de euros. La organización creaba distintas empresas en las que daban de alta en la Seguridad Social a sus trabajadores y desde el inicio de la relación laboral no pagaban las correspondientes cuotas sociales. Al no cumplir con el pago de los seguros sociales se generaba un volumen considerable de deuda y entonces procedían a dar de baja a los empleados y al día siguiente volvían a registrar su alta en una nueva mercantil.
De las 100 empresas creadas, 64 figuraban dadas de alta y habían realizado un movimiento de 3.500 trabajadores. Del resto de las sociedades implicadas, 36 no figuran dadas de alta y 16 eran utilizadas para facturar importantes cantidades de dinero con el fin de obstaculizar las labores de inspección. Además tenían una empresa nexo de todas las demás que contaba con autorización RED de la Seguridad Social y que era la gestora del resto, la encargada de facturar a un número importante de empresas de la organización.
Después de tomar declaración a alrededor de 100 trabajadores se descubrió que los implicados no les comunicaban las altas y las bajas que registraban en sus diferentes empresas. Y, cuando les mostraban un nuevo contrato en el que figuraban asegurados en otra sociedad y estos pedían explicaciones, los responsables les amenazaban con no pagarles el salario. Además, aseguraron que llegaban a trabajar sin cobrar horas extra, haciendo alrededor de 60 horas semanales aunque su contrato solo figuraba la media jornada.
La operación se ha llevado a cabo por agentes de la Sección de Investigación de la Seguridad Social UDEF Central perteneciente a la Comisaría General de Policía Judicial y la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsificación de la UCRIF de la Comisaría de Vigo en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social.
