El Obispado de Lleida exige a su personal, incluyendo a 80 curas, un certificado penal antipederastia

Los miles de crímenes de abuso sexual infantil cometidos por sacerdotes y miembros del clero católico, en algunos casos sobre pequeños de 3 años y en la mayoría de los casos sobre niños de entre 11 y 14 años de edad, puede ser el motivo por el cual el Obispado de Lleida ha ordenado a todos los profesionales o voluntarios de sus parroquias, comunidades y delegaciones diocesanas que realizan tareas pastorales en contacto con niños o jóvenes que obtengan el Certificado Negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales, lo que se llama popularmente certificado antipederastia.

Exactamente deberán presentarlo unos 80 curas de la diócesis, otros cien religiosos más, y, al menos, 400 voluntarios que trabajan con menores, como catequistas, monitores y personal vinculado a la Iglesia Católica que presta sus servicios en el ámbito escolar: en total más de 600 personas.

Hace ya 5 años, la Organización Mundial de las Naciones Unidas (ONU) solicitó a la Santa Sede que retirase “inmediatamente” a todos los miembros del clero que cometiesen pederastia y los entregase a las autoridades civiles, en lugar de traspasarlos entre diócesis con el fin de ocultar sus delitos. El Comité de los Derechos del Niño explicaba que “debido a un código de silencio bajo pena de excomunión entre los sacerdotes, los abusos sexuales a niños rara vez han sido denunciados a las autoridades en los países donde ocurrieron”.

En septiembre de 2009, Naciones Unidas estimaba que 440.000 miembros del clero católico (curas, presbíteros, diáconos y obispos) estaban involucrados en delitos sexuales a niños, lo cual representa entre el 1,5 y el 5% del sacerdocio. Sin embargo, la Santa Sede no reveló información sobre los autores.
La ONU considera que el Vaticano incumple los derechos fundamentales del menor, “han adoptado unas prácticas públicas que conducen a la continuación del abuso y a la impunidad de los perpetradores”.