Se podría haber liado parda: 800.000 preservativos con defectos de fabricación, caducados o a punto de caducar. Es lo que vendían los tres detenidos por la Policía Nacional, dos en Guadalajara y uno en Madrid, acusados de un delito contra la salud pública por vender profilácticos que habían sido enviados a una empresa de reciclaje para su destrucción.
Fue el propio fabricante el que detectó que esa partida enviada para destruir seguía en el mercado al encontrarlos en un supermercado de Écija, en donde habían puesto a la venta 286.000 unidades en mal estado.
El fabricante había enviado los lotes defectuosos a una empresa nacional dedicada a la gestión integral de residuos y habrían sido dos de los empleados de la propia empresa de reciclaje los que habrían cogido el material y se habrían puesto en contacto con el propietario de un almacén dedicado a la venta de stocks procedentes de excedentes y liquidaciones para que los colocara en el mercado.
