Prohibido por ley recibir dinero ni de la Diputación ni de los ayuntamientos. La entrada en vigor en enero de la Disposición Adicional Novena de la Ley 27/2013, del 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local hace peligrar la financiación de los centros asociados de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED.
La presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, ha enviado una carta al Ministerio de Educación solicitando que se anule esta disposición o que se otorgue un plazo más largo para su entrada en vigor para dar un margen de tiempo a buscar soluciones alternativas para la financiación de los centros asociados de la UNED que garanticen su continuidad.
Este curso, la Diputación pontevedresa aportó el 17,65% de la financiación de los centros de la UNED en la provincia, mientras que los ayuntamientos de Vigo, Pontevedra, Lalín y Tui aportaron un 15% en su totalidad. Con estos datos, al aplicarse esta disposición, con su presupuesto la UNED no cubriría en la provincia de Pontevedra ni el 33% de sus gastos, lo que pondría en peligro su continuidad.
