La Fiscalía de Madrid -que depende de la Fiscalía General del Estado, cuya titular ha sido nombrada por el Gobierno- ha recurrido el procesamiento del Partido Popular por el borrado de dos ordenadores usados por Luis Bárcenas.
A juicio de la fiscal, Carmen Luciáñez, no ha quedado probada la comisión del delito de daños informáticos ni el de encubrimiento. Además de ello, entiende que estos tipos penales no son aplicables a una persona jurídica.
En su recurso la fiscal pide que se revoque el auto de procesamiento tanto para el PP, como para su tesorera y gerente, Carmen Navarro; el asesor jurídico del partido, Alberto Durán; y el director de sistema de información de la formación, José Manuel Moreno.
