Uno de cada cuatro empleados del grupo Popular –Banco Popular y Banco Pastor- en Galicia se quedará sin empleo. Esto supone que 450 de ellos se verán en la calle. En el conjunto del Estado, la entidad presidida por Ángel Ron, ha planteado a los sindicatos el despido de 3.000 de sus 14.935 trabajadores-ello equivale, aproximadamente, a la mitad de todos los operarios de PSA Vigo o de todos los del Naval de la Ría-.
Esta decisión, anticipada por vigoalminuto el pasado mes de julio, no es la primera ‘restructuración’ de la plantilla, como se llamó entonces, que sufren los empleados de la firma en la comunidad: cuando el Popular absorbió al Banco Pastor en 2012, se produjeron 800 ‘bajas’ en Galicia, 400 de ellas fueron prejubilaciones y otras 400 fueron traslados, principalmente a Madrid.
Eso supuso que el número de empleados que Popular y Pastor tenían aquí se quedase en menos de 1.800, repartidos en 259 sucursales, 225 de ellas del Banco Pastor. Considerando esta realidad, despedir a 450 trabajadores más en Galicia, implicaría una reducción de plantilla superior al 30% en apenas 4 años.
Javier Castro, responsable de banca de UGT-Galicia, uno de los miembros de los sindicatos que se sientan con los responsables del banco en la mesa abierta en Madrid para comunicar a los representantes de los trabajadores esta decisión, considera la misma “inaceptable y desproporcionada” y adelanta que UGT se opondrá frontalmente a la misma.
Castro recalca que todo este proceso que, insiste, sería el despido de personal más numeroso de la banca española, hay algo que el banco no ha querido aclarar “¿Cómo tiene previsto hacerlo?”. Esta pregunta no fue contestada por los representantes del Popular en las entrevistas con los sindicatos, lo cual hace sospechar a los mismos que puede haber una intención de la entidad de dejar pasar el tiempo que la ley exige para la comunicación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE), sin explicar este punto.
En cualquier caso, adelanta, nadie puede sorprenderse si los trabajadores deciden movilizarse contra una pretensión que afecta a miles de personas: los trabajadores, sus familias y los clientes de la entidad.
