La presidenta de la Federación Veciñal (FAVEC), María Pérez, ha afirmado este viernes, en rueda de prensa, en la que ha expuesto la situación de Lilian Silveira de 57 años, una mujer que a la que el Concello le ha denegado ayudas sociales, que “está pasando algo grave en esta ciudad” en relación con estas aportaciones. Pérez ha señalado que quienes están cobrando la Renda de Inserción Social de Galicia (RISGA), “alrededor de 1.200 personas en la ciudad que han solicitado ayudas municipales”, han visto denegadas las mismas por tener ingresos superiores a 400 €.
María Pérez ha subrayado que “hemos tenido otros dos casos sobre ayudas similar a este, como el de Nuria Rus, que tiene ya una orden de desahucio para 17 de enero…a la vista de su situación, la Valedora do Pobo ya se puso en contacto dos veces con el Concello y no tiene contestación; otro caso es el de una mujer víctima de violencia de género a la que se le denegó la tarjeta de la dignidad, además de la Axuda de Alugueiro, porque cobraba 426 €”.
“Además de denunciar estas situaciones queremos que se visibilice que no estamos ante casos aislados en Vigo, que es algo normal porque es imposible que alguien con 500 € de ingresos y un alquiler de casi 400 es imposible que pueda vivir”.
La Asociación de Veciños San Xoán Poulo ha pagado recibos de agua y electricidad, alrededor de 130€, para que Lilian no tenga problemas en estas fechas, “y disponga de luz y de agua caliente y fría”. Las facturas son de hace tres meses y “hace unos días llegó la orden de corte del suministro, por lo cual la Asociación de Vecinos ha decidido actuar”.
Nuria, que vive con sus dos hijos de 25 y 28 años, cobra 480 € de pensión de viudedad y paga 390 de alquiler: a la vista de sus ingresos, el Concello le ha respondido que no tiene derecho a ayudas, lo que la obliga a subsistir con aportaciones de Cáritas para poder comer.
Esta mujer, que ha trabajado cuidando personas mayores y como empleada de hogar, no tiene derecho a prestación por desempleo, pese a ello, “los servicios sociales municipales estimaron que dado que en abril cobró 900 €, 480 de su país y el resto de un trabajo que había realizado, no cumplía los requisitos establecidos para ser beneficiaria de la aportación municipal para casos de emergencia como el suyo”.
