Agentes de la Policía Nacional han detenido a 30 personas e investigado a otras 27 por delitos relacionados con el fraude a la Seguridad Social. En total, se ha indagado en 39 empresas por defraudar 10.597.837€ al erario público mediante el impago de cuotas y el cobro indebido de prestaciones. Entre los implicados se encuentran los administradores de las mercantiles y personas que colaboraron para la materialización de los delitos.
Las investigaciones comenzaron el pasado mes de junio tras ser detectadas irregularidades en varias empresas ubicadas en Murcia, Almería, Soria, Toledo, Madrid, Barcelona, Castellón, Alicante, Sevilla, Lugo, Badajoz, Cáceres y Valencia.
En total fueron investigadas 39 mercantiles por el impago sistemático de las cotizaciones a la Tesorería General de la Seguridad Social tanto de las cuotas correspondientes a sus trabajadores como en las que le corresponde abonar a la propia empresa. Se ha constatado al mismo tiempo la nula voluntad de los empresarios en negociar con la TGSS el pago de dichas obligaciones solicitando aplazamientos o fraccionamientos de pago, así como las incomparecencias sistemáticas de los responsables de dichas empresas a los distintos requerimientos y citaciones ante las distintas Inspecciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social. Entre los implicados se encuentran los administradores de las mercantiles y personas que colaboraron para la realización del fraude.
Las diversas modalidades de supuestos defraudatorios utilizados por los responsables de las empresas investigadas en las provincias citadas, y que se suelen llevar a cabo con la finalidad de producir la situación de insolvencia son principalmente el impago sistemático de los seguros sociales a la Tesorería General de la Seguridad Social. Estos seguros han sido previamente descontados a sus trabajadores y no son ingresados, sin que por parte de estos empresarios haya una firme voluntad de negociar el pago de la deuda con la Tesorería General de la Seguridad Social.
Una vez confirmada la existencia de estas irregularidades se procedió a la detención de 30 personas y la investigación de otras 27 por diferentes tipologías delictivas. Entre éstas destacan delitos contra la seguridad social, alzamiento de bienes y cobro indebido de prestaciones por desempleo. En alguna de estas empresas se detectó cómo habían sido dadas de alta varias personas, sin que realmente hubiese habido una relación real y efectiva con las empresas, y que dichas altas “ficticias” se llevaron a cabo con la finalidad de cobrar, por parte de trabajadores, la prestación por desempleo sin que tuviesen derecho a ella.
Por el momento los investigadores han esclarecido un total de 10 delitos contra la seguridad social, 17 delitos de fraude de subvenciones; 4 delitos de frustración en la ejecución; 26 delitos de falsedades documentales; 4 delitos contra los derechos de los trabajadores; 1 delito de malversación de caudales públicos y 1 delito de pertenencia a organización criminal; habiendo destapado además un fraude de más de 10 millones y medio.
