El Grupo Parlamentario de Unidos Podemos, a petición de IU, ha registrado en el Congreso una proposición no de ley por la que insta al Gobierno a establecer un plazo de adaptación para la completa autofinanciación de la Iglesia católica y a eliminar definitivamente la aportación que la misma recibe, en concepto de asignación tributaria, a través del IRPF.
Esta propuesta, firmada por el líder de IU y portavoz adjunto del grupo, Alberto Garzón, es consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), dictada esta semana, según la cual “las exenciones fiscales a la Iglesia católica en el Estado español pueden constituir una ilegalidad en forma de ayudas estatales prohibidas si se otorgan para actividades económicas”.
La propuesta de Unidos Podemos destaca también la “importancia” del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y del hecho de que la Iglesia esté exenta del pago de pagarlo en cualquiera de sus propiedades inmobiliarias, “aunque dichos inmuebles estén afectos a actividades económicas de todo tipo”.
IU subraya que toda esta situación de privilegio de la que disfruta la Iglesia católica en España “choca frontalmente con el principio constitucional de no confesionalidad del Estado”. A su juicio, “la práctica religiosa no es un servicio público que beneficie a toda la ciudadanía y son los fieles de cada religión quienes, en su caso, deberían contribuir a la financiación de su culto, clero y actividades religiosas”.
