La Audiencia Nacional investiga a los antiguos directivos de Caixanova, entre ellos a su ex presidente, Julio Fernández Gayoso, por presunta administración desleal y blanqueo en la concesión de un préstamo a una sociedad vinculada a antiguos gestores de la entidad que generó un perjuicio de 80 millones.
Además de Fernández Gayoso, las pesquisas del juzgado central de Instrucción número 5 se dirigen contra Gregorio Gorriarán y José Luis Pego, quien declarará durante este lunes junto al subdirector general de la caja entre 2009 y 2010, Domingo González, y el director de la oficina principal.
Según recoge el auto del juez José de la Mata, la Fiscalía indica que en otoño de 2005 Caixanova concedió un crédito a la sociedad Promalar, en la que contaban con intereses el que fuera presidente de la entidad Guillermo Alonso y el consejero Fernando García del Valle, con el objetivo de “ayudar a reflotarla” dadas sus “serias dificultades económicas.
En opinión del Ministerio Público, los máximos gestores gallegos “querían beneficiar económicamente a los accionistas por su estrecha relación” con la caja, “facilitando su salida de la sociedad en condiciones favorables” a pesar de contravenir los intereses de la propia Caixanova.
Para ello “se simularon contratos que ocultaban la verdadera naturaleza y la finalidad de las operaciones de financiación concedidas a Promalar”, fundada en 1999 por el también investigado Juan Lago, que era su administrador, para la compraventa de inmuebles y la promoción inmobiliaria.
Promalar recibió un primer préstamo de Caixanova de 60 millones de euros y posteriormente otros dos, uno de 9,25 millones y otro de 5 millones de euros pero, indica el Fiscal, el destino de los fondos no fue reflotar la empresa, sino beneficiar a sus accionistas mediante transferencias a varias cuentas bancarias.
A su juicio, el daño ocasionado trascendería a los propios intereses de Caixanova al tratarse de una entidad intervenida por el Banco de España y que ha pasado a ser administrada por el Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB), por lo que se trata de un caso de “grave repercusión en la seguridad de la economía nacional”.
A fin de constatar si los querellados cometieron tales delitos, De la Mata acuerda designar a un perito judicial para tasar el valor de la garantía hipotecaria de los terrenos propiedad de Promalar, así como un oficio al Concello de Cangas para que aporte copia del convenio firmado por la empresa.
Para este martes está prevista la comparecencia de Fernández Gayoso, Gorriarán y Lago. El pasado 31 de julio Fernández Gayoso salió de prisión, donde había ingresado en enero de este año por un delito de apropiación indebida, por el cobro indebido de prejubilaciones millonarias.
