El Tribunal Supremo, en la que es ya la sentencia final de la tragedia del ‘Prestige’, ocurrida el 13 de noviembre de 2002, establece indemnizaciones de más de 1.500 millones de euros, una cantidad que debe de repartirse entre los estados español y francés, la Xunta de Galicia y 269 afectados –particulares, concellos, empresas-.
Esta cantidad debe de ser abonada por el Fondo Internacional de Indemnización de Daños debidos a Contaminación por Hidrocarburos, el capitán del buque, Apostolos Mangouras –de 84 años de edad-y la aseguradora London Owners Mutual. El Supremo considera a la propietaria del barco, Mare Shipping, responsable subsidiaria.
Esta sentencia pone fin judicial a un suceso por el cual no han respondido nunca políticamente quienes tenían cargos en diferentes escalones de la Administración del Estado, desde el Gobierno, presidido por José María Aznar, hasta el capitán marítimo de A Coruña, en aquel momento, todos ellos responsables del alejamiento del buque de la costa y de la siguiente marea negra.
