Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Seguridad Social, y la Inspección Provincial de Trabajo, han llevado a cabo en Pontevedra la ‘Operación Tostado’, durante la cual 38 personas han sido detenidas por un fraude que asciende, en su totalidad, a 753.679,24€
Las investigaciones comenzaron tras el estudio de la documentación intervenida en una operación policial de tráfico de estupefacientes, y que podría estar relacionada con la obtención fraudulenta de prestaciones y subvenciones de la Seguridad Social u otros de sus entes colaboradores.
Simulaban la contratación de trabajadores para obtener prestaciones
Tras su análisis, se solicitó un informe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Pontevedra, que concluyó, al igual que la investigación policial, que la empresa había sido mantenida para simular la contratación de trabajadores con la única finalidad de que acumularan los periodos de carencia necesarios que les permitiesen obtener prestaciones indebidas, acreditar periodos de alta en el Régimen General de la Seguridad Social o con la finalidad de obtener o renovar autorizaciones de trabajo o permisos de residencia, haciendo constar, además, que la empresa no ingresaba las cuotas por el alta de los trabajadores.
Deudas de casi medio millón con la Seguridad Social
Una vez solicitada la información a los distintos entes colaboradores por parte de los investigadores, se comprobó que la empresa mantenía una serie de deudas con la Seguridad Social por un importe de 451.491,29€. A ello se sumaban las generadas por el propio empresario por el impago de sus propios seguros sociales, que alcanzaban los 53.456,95 euros.
Igualmente se comprobó que, de los 138 trabajadores dados de alta en las distintas actividades declaradas por la empresa, que iban desde la carpintería a la restauración y a otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática, para lo que declaraban distintos domicilios de actividad, 43 solicitaron y obtuvieron prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) tras finalizar su actividad laboral en la sociedad investigada, por un importe total de 213.922,84€.
Así mismo, otros siete trabajadores más habían solicitado y obtenido prestaciones indebidamente del Instituto Nacional de la Seguridad Social por incapacidad temporal, maternidad, pensiones y otras razones por valor de 34.808,16€ , con lo que el fraude total descubierto alcanzó los 753.679,24€.