La Oficina de Dereitos Sociais de Coia (ODS) denuncia lo que califica de “onda privatizadora” de los servicios sociales que, alerta, “lleva años con ritmo acelerado”, tanto en Galicia como en Vigo. En nuestra ciudad, apuntan desde la ODS, Domusvi gestiona la residencia que a Xunta abrió en Barreiro en los últimos anos y CLECE gestiona el servicio de ayuda municipal en el hogar, tras ganar el concurso.
8 millones gestionados directamente por la empresa de Florentino Pérez
Desde la Oficina de Dereitos Sociais de Coia aseguran que en esta ‘onda privatizadora, “Vigo es una ciudad aventajada”. La semana pasada el alcalde hablaba de de los 19 millones de euros que el Concello destinará a políticas sociales en 2020…sin embargo “en su declaración no dijo nada de Florentino Pérez, uno de los grandes favorecidos de la política municipal en los últimos años”.
La ODS subraya que gracias a CLECE, una de sus empresas, Florentino Pérez es “uno de los grandes beneficiados de las concellería que dirige Yolanda Aguiar”. Casi 8 millones de euros, dos 19 que vi destinar el Gobierno local a políticas sociales son gestionados por este empresario.
Los programas que gestiona CLECE en Vigo son: servicio de ayuda en el hogar (6,38 millones de euros); programa socioeducativo o de apoyo familiar (710.000€) y parte del cuadro de personal de CEDRO, la Unidad Asistencial de Drogodependencias del Concello de Vigo (800.000€).
A estos datos hay que añadir que en “Vigo tiene un gasto social cualificado como “precario”, con 47,8 €/habitante, por la “Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales”. Una precariedad que, indican desde la ODS, unida a que una gran parte de servicios y programas sociales municipales están subcontratados, tiene como resultado que de la escasa cantidad destinada a estas políticas “mucha de ella se queda por el camino, en los bolsillos de grandes grupos empresariales o de intermediarios”.
Apuesta por la gestión pública
Fronte a esta realidad desde la Oficina de Dereitos Sociciais de Coia apuestan por lo público, revertiendo estos contratos, “en muchos casos llenos de incumplimientos, de explotación laboral y de servicios precarios”, para evitar que el dinero de todos acabe en llenando los bolsillos de los grandes capitales.
