La Coordinadora Estatal para la Defensa del Sistema Público de Pensiones, COESPE, exige al Gobierno, a punto de empezar el año 2020 que, “en su último Consejo de Ministros del año 2019, apruebe un Real Decreto Ley, que evite la entrada en vigor de algunas medidas que habían quedado suspendidas y que perjudicarían a las y los pensionistas”.
Esta asociación pide que la revalorización de las pensiones sea de acuerdo al Coste de la Vida o Índice de Precios al Consumo real, una “promesa que ha hecho este Gobierno en reiteradas ocasiones” que, de no cumplirse supondría que“volveríamos a la revalorización del 0,25% que impuso el Gobierno de Mariano Rajoy”.
En segundo lugar, exige que “se retrase la entrada en vigor de la penalización a los parados de larga duración, en lo referente a las pensiones por jubilaciones anticipadas”. Ambas cuestiones deberían quedar reguladas en una futura Ley de Reforma de las Pensiones y “en el caso del factor de revalorización, también blindado en la Constitución, como hemos propuesto a través de las Proposiciones No de Ley presentadas a través de los Parlamentos Autonómicos”.
