El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha informado este viernes que el Gobierno ha decidido decretar el ‘Estado de Alarma’, contemplado en el artículo 116.2 de la Constitución y regulado en el artículo 11 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio.
Esta declaración se realiza, de acuerdo con la ley, cuando exista grave riesgo, catástrofe o calamidad pública -tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud-; crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves; situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad o paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad y concurra alguna de las circunstancias o situaciones anteriores.
Más de 1.200 nuevos casos de coronavirus en un día
Los casos de coronavirus en España se elevan a 4.209, según los datos del balance oficial del Ministerio de Sanidad publicados a las 12 horas de este jueves. Esto supone 1.241 positivos más que ayer a esta misma hora. 120 personas han muerto y 189 se han curado.
15 días
La declaración del Estado de Alarma, que tiene una duración de 15 días, faculta al Ejecutivo para limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarla al cumplimiento de ciertos requisitos. También la práctica de requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias.
Asimismo, se podrá intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, dando cuenta de ello a los Ministerios interesados. También limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad e impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios y de los centros de producción afectados.
La única vez en 2010
El sábado 4 de diciembre de 2010, el Gobierno de España declaró por primera y única vez en democracia el estado de alarma en todo el territorio del Estado con motivo del cierre del espacio aéreo debido a la huelga de controladores. El gobierno se amparó en que este era un servicio público básico, y que se estaban produciendo unos graves perjuicios a los ciudadanos y a la economía del país. Se vieron afectadas más de 600.000 personas y se levantó el 16 de enero de 2011
