El Juzgado de Instrucción número 2 de Corcubión, en funciones de guardia, ha decretado la prisión provisional, comunicada y sin fianza de un detenido que presuntamente incumplió el confinamiento derivado del estado de alarma decretado como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19.
La jueza indica en el auto que el acusado ya fue condenado el pasado 1 de abril por “el incumplimiento injustificado de la limitación de la circulación“, pues salió a “repostar gasolina hasta cuatro veces diarias, a dar un paseo o a dar una vuelta por estar cansado o aburrido de estar en casa”. Además, en varias ocasiones viajó acompañado de otras personas a bordo del mismo vehículo.
La jueza sostiene que existen indicios suficientes para afirmar que ayer el sospechoso se encontraba en el interior de su coche, estacionado en la vía pública, “con una finalidad que dista mucho de quedar encuadrada en los supuestos tasados que contempla el estado de alarma”.
Además, señala que “de una simple lectura del atestado cabe apreciar un absoluto desprecio por el principio de autoridad que el investigado viene exteriorizando de forma sistemática y reiterada”. Así, relata que los días previos a la detención, 5, 6 y 8 de abril, fue interceptado por agentes y propuesto para sanción por considerar que sus desplazamientos en coche eran injustificados. El día 6 de abril, según el auto, “llegó incluso a sustraerse de la intervención de los agentes de la Guardia Civil por la excesiva velocidad a la que circulaba”.
Por todo ello, la jueza subraya que el riesgo de reiteración delictiva “resulta patente” y resalta que existe “una altísima probabilidad de que continúe circulando por la vía pública desoyendo frontalmente, con absoluto desprecio al principio de autoridad y al conjunto del ordenamiento jurídico, las restricciones a la movilidad de las personas”.
“Nos encontramos ante una situación excepcional, de gravedad y seriedad incuestionables, que amenaza algo tan fundamental como la salud pública. En esta situación, el cumplimiento del ordenamiento jurídico se hace más relevante que nunca y la posibilidad de reiteración delictiva constituye un riesgo que el conjunto de la sociedad no ha de asumir ni la autoridad judicial permitir”, destaca.
La Fiscalía lo acusa de cometer un delito grave de desobediencia a la autoridad, con la agravante de reincidencia, y solicita que sea condenado a 363 días de prisión.
