Un informe de Greenpeace y Liberties ha analizado las restricciones en países de la UE cuando la pandemia obligó a imponer medidas restrictivas. La investigación relativa a España ha sido realizada por Rights International Spain, miembro fundador de Liberties.
Ley Mordaza
Por lo que respecta a España, el informe indica que durante el ‘Estado de Alarma, se impusieron más de 1 millón de multas al amparo de la ‘Ley mordaza‘.
El mismo denuncia, además, la falta de claridad a la hora de autorizar o prohibir concentraciones. Por ejemplo, con motivo del 1 de mayo, se permitió una “manifestación de coches” en Zaragoza mientras se prohibía una similar en Vigo.
Las “redes sociales también han sido objeto de un control excesivo“: incluso la detención de personas por publicar chistes sobre la pandemia.
“Los derechos fundamentales como la libertad de expresión, asociación y acceso a la información brindan a las personas las herramientas que necesitan para garantizar que los Gobiernos actúen en su mejor interés. No solo cuando se enfrentan a una crisis de salud pública, sino también para abordar la crisis climática y ecológica, el mayor desafío de nuestro tiempo. Es responsabilidad de la Comisión Europea y de los Estados como el español actuar de forma determinante para promover y proteger la calidad de las democracias europeas, empleando si fuese necesario los mecanismos sancionadores disponibles en relación a los Gobiernos que limiten gravemente estos derechos y libertades”, ha declarado Javier Raboso, portavoz de la campaña de Democracia de Greenpeace.
Por su parte Eirene de Prada, investigadora de RIS ha declarado que: “Uno de los aspectos más preocupantes observados durante el estado de alarma decretado en España es el abuso de una Ley como la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana que acumula severas críticas por parte de organismos nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos. El uso de la conocida como Ley Mordaza durante la vigencia del estado de alarma -que el gobierno del PSOE y Unidas Podemos se había comprometido a reformar previamente a la pandemia- ha provocado un aluvión de multas por desobediencia a la autoridad y de identificaciones de ciudadanos -en algunos acudiendo a técnicas rechazables de perfil étnico– que infringen los derechos fundamentales de la ciudadanía y cuyo abuso y desproporción no quedan amparadas por el Estado de Alarma”.
