La Fiscalía del Tribunal Supremo notificó a Juan Carlos I en junio, en noviembre y en diciembre de 2020 la apertura de diligencias relacionadas con su patrimonio. Según informa El País, esos tres avisos llegaron a los abogados del rey emérito y en ellas se le invitaba a personarse.
Dado que dos de las notificaciones tuvieron lugar en junio y noviembre, se habrían producido antes de diciembre de 2020, cuando Juan Carlos abonó, por medio de una regularización fiscal, cerca de 680.000€ en una declaración voluntaria ante Hacienda, que sumaría lo que el emérito había dejado de pagar en impuestos los años 2016, 2017 y 208, cuando ya no era Jefe del Estado.
Ya entonces, se conoció que la Fiscalía del Tribunal Supremo había notificado formalmente en noviembre a la defensa de Juan Carlos I la existencia de diligencias de investigación sobre posibles delitos derivados del uso por de tarjetas bancarias con fondos opacos.
Segunda regularizaci´ón de 4 millones
Tras esa primera regularización, el emérito realizó otra, en relación a ingresos de más de 8 millones, por los cuales pagó algo más de 4 millones. Esos 8 millones procedían de la Fundación Zagatka, con los que se cubrieron gastos de Juan Carlos I, principalmente viajes en aviones privados.
Los pagos se habrían realizado hasta el 2018, cuatro años después de la abdicación, momento en que Juan Carlos I perdió el privilegio de la inviolabilidad que tenía como jefe de Estado.
La importancia de estas notificaciones previas a las dos regularizaciones deriva de lo señalado en el artículo 305.4 del Código Penal, que dice expresamente que se considerará regularizada la situación tributaria cuando se haya procedido al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria, “antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante procesal de la Administración autonómica, foral o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida, o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuacionesque le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias”.
