Francisco G.O. el ex funcionario do Concello de Vigo condenado por el ‘Caso de la cuñada’, ha solicitado el indulto parcial y ha pedido que se suspenda la condena de cárcel mientras no se resuelve esa petición.
En total, la justicia lo sentenció a 5 años y 3 meses de prisión como autor de los delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación Los jueces consideraron probado que ‘enchufó’ a una cuñada de Carmela Silva, presidenta de la Diputación, en una empresa que prestaba servicios al Ayuntamiento.
Para hacerlo Francisco G.O., se valió de varios contratos menores. En total la cuñada de Silva cobró 108.000€ por unos trabajos que no realizó.
Toda la vida trabajando
Como argumento de su solicitud de indulto parcial, Francisco G.O. expone que lleva trabajando desde los 19 años y que ha desempeñado su cargo de “servidor público” desde que entró en el Concello como peón en 1981.
Afiliado al PSOE y a UGT y dedicado a la defensa de los trabajadores
También esgrime que ha dedicado la “práctica totalidad de su vida a la defensa de los trabajadores” y que en marzo de 1982, con 26 años, se afilió al sindicato UGT y, en noviembre de ese mismo año, al PSOE.
En esta misma línea recalca que se formó académicamente para ascender dentro del Concello, obteniendo “con gran esfuerzo”, el título de Graduado Social por la Universidad de Santiago.
Su edad, sus nietos y su residencia fuera de Vigo
Otro de sus argumentos es que tiene 65 años de edad, que está jubilado, “después de más de 41 años de cotización”; que no vive en Vigo, sino se trasladó a vivir a Cantabria, a 550 kilómetros de donde cometió el delito y donde se casó de nuevo, “con la que ha sido su compañera de vida durante los últimos años”.
Además, indica, su familia ha aumentado y a sus dos hijos se han sumado tres nietos, el último de apenas un año de edad.
Ha pagado la deuda, es un delincuente primario y no hay riesgo de reincidencia
Francisco G.O. concluye recordando que “con sumo esfuerzo“ ha hecho frente al pago de 54.000€, la mitad de la cantidad a la que había sido condenado; recuerda que es un delincuente primario, “que nunca jamás había sido condenado con anterioridad y carece de antecedentes penales o policiales” y que, dada su condición de ex funcionario, “es imposible que pueda volver a delinquir en los términos en que fue condenado”.
Suspensión de la entrada en prisión
En base a todos estos argumentos, y a la espera de que la solicitud de indulto, enviada en diciembre pasado, se resuelva, su abogado pide a la Audiencia de Pontevedra que suspenda su entrada en la cárcel.
Entiende que si no fuese así, se dejaría sin efecto la petición de indulto lo cual, recalca, conculcaría los derechos de su representado.
