La Axencia para a Protección da Legalidade Urbanística da Xunta de Galicia, decidió incoar un “procedimiento sancionador y de reposición de la legalidad” contra el Concello de Vigo por la realización de las obras de la antigua depuradora para convertirla en ‘parque de bomberos’.
Hasta cinco actuaciones irregulares
Este organismo entiende que las mismas se ejecutaron en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre sin licencia urbanística; sin autorización del Servicio Provincial de urbanismo de la Xunta de Galicia; sin autorización de la Dirección General del Ministerio para la Transición Ecológica y sin autorización de Augas de Galicia.
Los sindicatos que representan a los Bomberos de Vigo -CIG, CCOO y CUT- indican en una nota enviada a los medios de comunicación, que la Axencia para a Protección da Legalidade Urbanística “acaba de darnos la razón”.
Una actuación “ilícita”
Recuerdan que denunciaron oficialmente que la reconversión de la antigua depuradora en un Parque de Bomberos “era una actuación redicalmente ilícita”. Insisten en hicieron esa denuncia porque “es vergonzoso, indecente e intolerable que con el dinero de los ciudadanos se financien obras ilegales en edificios públicos”.
Ilegalidades obscenas
Los representantes sindicales lamentan que “lejos de valorar nuestras advertencias, se nos impidió desde el propio Concello el acceso al expediente administrativo para evitar que pudiésemos detectar las ilegalidades cometidas, pero las autoridades municipales fracasaron en su intento, porque las ilegalidades eran obscenas”.
También la Concejalía de Seguridad y Movilidad
Los sindicatos apuntan a que esta actuación “ilegal” la llevó a cabo la Concejalía de Seguridad y Movilidad, la misma que dictó el decreto de refuerzo de los Bomberos en sus días de descanso- anulado hasta por cuatro sentencias firmes.
Este departamento, dirigido por Elena Espinosa, “se atrevió a realizar, con idéntico desprecio al ordenamiento jurídico, obras ilegales que tenían como finalidad la implantación de un uso prohibido en la servidumbre de protección de Costas”.
‘Ataques’ del alcalde
Los representantes sindicales recuerdan que “el ejercicio de nuestro deber supuso en su día, como viene siendo una práctica recurrente, la emisión de los más reprobables comentarios por parte del alcalde”. Añaden que Abel Caballero “se atrevió a cuestionar el legítimo ejercicio de nuestras funciones representativas, olvidando que, como funcionarios públicos, tenemos no sólo el derecho, sino el deber, de denunciar cualquier práctica ilegal de la que tengamos conocimiento”.
Estudian acciones penales
A la vista de estos hechos, lamentan que “ciertos políticos y altos funcionarios municipales sigan actuando con prepotencia y descaro,propio de quienes se creen impunes ante la ley”.
Por último, advierten: “la ‘suerte’ de salir indemnes de las responsabilidades personales por este tipo de desmanes non va a ser eterna. De hecho, los servicios jurídicos de los tres sindicatos ya están valorando la posibilidad de iniciar las pertinentes acciones penales contra los responsables de estas ilegalidades”.
