El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (Tacgal) acaba de darle la razón al grupo municipal del PP de Vigo con una resolución en la que determina la suspensión cautelar del procedimiento de la licitación del mantenimiento del alumbrado público.
Desde el Partido Popular habían interpuesto una denuncia entendiendo que dicha licitación “subroga a uno de los condenados por corrupción en el caso de la cuñada de Carmela Silva”.
“Garantía del cumplimiento de la legislación”
Con esta suspensión cautelar, apuntan desdel PP de Vigo en una nota de prensa, el Tribunal Administrativo de Contratación Pública, atiende la petición de la formación popular, “como garantía del cumplimiento de la legislación sobre contratos públicos y la corrección de las posibles infracciones de los poderes adjudicadores en una etapa en la que estas pueden ser aún corregidas de ser el caso”.
Una decisión que, según recoge la resolución que no admite recurso, no tendrá efectos sobre el plazo de presentación de ofertas que termina el próximo 3 de junio.
“Especial énfasis en la lucha contra la corrupción”
A este respecto, el portavoz municipal del PP de Vigo, Alfonso Marnotes, celebra la decisión del Tacgal, y recuerda que la Ley de Contratos del Sector Público pone especial énfasis en la lucha contra la corrupción y la prevención de los conflictos de intereses que, a su juicio, se vulneran de forma flagrante en el caso de la licitación municipal del alumbrado.
“Escándalo”
A juicio del portavoz popular, es un “auténtico escándalo” que se obligue a la nueva concesionaria a asumir la nómina de quien contrató a la allegada de la titular provincial, con un salario fijado en 90.000 euros, y que multiplica por cuatro al asignado a los otros tres trabajadores con la misma categoría de encargados de mantenimiento.
El Gobierno local “consciente del fraude”
Para Alfonso Marnotes, “lo más grave de todo es que el Gobierno local, consciente de la existencia de un fraude, que eleva el coste de la licitación en casi cien mil euros al año, no solo no le pone remedio, sino que lo acepta sin reservas, tal como se desprende de la propia licitación”.
En este sentido, reitera que el Gobierno local esperó a la suspensión de la condena de entrada en prisión para activar la licitación, a 3 meses de caducar la actual, y sin margen para tramitar en tiempo el nuevo contrato.
“Es decir, el equipo de Abel Caballero esperó a licitar el contrato hasta que se aseguró que esta persona podía trabajar. Conocía desde diciembre el listado del personal a subrogar, pero esperó a que se suspendiese la condena para asegurarse y licitar el contrato”, apunta el concejal popular.
