El Concello ha ordenado a los propietarios de los edificios de los números 11 y 13 de la rúa Fisterra, que procedan al “inmediato desalojo” de ambos inmuebles y corten la luz. La medida se ha tomado, como informa el Gobierno local en una nota, “con el fin de evitar el riesgo que supone para la seguridad de los moradores el deficiente estado en el que se encuentra la instalación eléctrica”.
Por ello, el Concello, asegura la misma nota, procedió al vaciar y precintar los edificios de manera temporal -aunque esta misma tarde aún había algunas personas entrando y saliendo de ellos-.
42 personas
En los inmuebles residen 42 personas “en régimen de alquiler”, a las que “el Concello prestará unha atención integral e individualizada”, ofreciéndoles alternativa residencial, de manera temporal, el hostales y hoteles de la ciudad. Asimismo, aquellas que se encuentren en situación de especial vulnerabilidad recibirán una atención adecuada a sus circunstancias.
Garantía de un techo durante el tiempo de desalojo
Desde el Gobierno municipal se añade que el Concello garantizará a todos los inquilinos trasladados el pago de pernoctas durante el tiempo del desalojo. “Se trata de una situación transitoria -insiste el Ayuntamiento- durante la cual los propietarios deben de solucionar la solución de peligro”.
Denuncia
Esta actuación se puso en marcha tras la reclamación, el pasado día 10, de una de las residentes. A raiz de la misma, el martes, día 17, personal de Urbanismo visitó los edificios y comprobó que la instalación electrica está en mal estado y “genera riesgos de seguridad” para los vecinos.
Los responsables municipales subrayan que los propietarios de los inmuebles “tenían varias resoluciones de Urbanismo, de fechas anteriores, y ejecutaron las medidas urgentes que se les exigieron”. No así las mejoras de conservación, por lo cual se le impusieron “multas coercitivas en diferentes ocasiones”, la última de ellas este mismo mes.
Sin daños estructurales
En la visita que los técnicos realizaron esta semana, no se observó ningún peligro estructural del edificio, pero sí en la instalación eléctrica dentro de las viviendas. Así que, dado el incumplimento de estas resoluciones previas, se tomó la medida de desalojar y cortar la electricidad. Al mismo tiempo, se ha instado a los propietarios a renovar la misma, “extremo que tendrá que acreditar un especialista”, para garantizar que los inmuebles pueden volver a habitarse.
