El portavoz del Gobierno municipal acusó hoy a los trabajadores de Vitrasa de hacer una huelga, “no contra la empresa sino contra la gente de Vigo”. Carlos López Font culpó, también, a la central sindical CIG y al Bloque Nacionalista Galego de quienes, dijo, que “quieren reventar el transporte urbano”.
López Font, en una nota de audio enviada a los medios de comunicación, sin posibilidad de preguntas de los periodistas, afirmó que los trabajadores saben que hay pendiente un acuerdo de compensación económica a Vitrasa por parte de Concello. El mismo, afirma el portavoz, “necesitaba de una sentencia y ahora la hay”. En este momento, concluye, el Gobierno local está en el “proceso de evaluación” e, insiste, “los trabajadores lo saben”.
¿Qué sentencia?
Sin embargo, López Font no especifica a qué sentencia se refiere. La única que se conoce es la que mencionó el alcalde el pasadao mes de febrero y que daba la razón al Concello frente a la pretensión de Vitrasa de cobrar alrededor de 19,2 millones que reclamaba al Ayuntamiento (más intereses) por las ‘pérdidas’ que, según la concesionaria, asumió durante la pandemia. Esta cantidad, apuntaba entonces Abel Caballero, se sumaría a los 5,6 millones que ya se pagaron a la compañía de transportes como compensación por los efectos del COVID.
No obstante, esa decisión del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Vigo, que rechazaba el recurso de Vitrasa: en primer lugar, no agotaba la vía administrativa y, en segundo, no abarcaba las compensaciones para asegurar el ‘equilibrio financiero’ de la concesión. Estas se refieren a la obligación del Concello de ‘indemnizar’ a Vitrasa si se produce un descenso en el número de viajeros.
Ningún desmentido
Tampoco hay en las declaraciones del portavoz del Gobierno municipal desmentido alguno de los argumentos de los trabajadores. No ha negado los incumplimientos del pliego de condiciones de la concesión por parte de Vitrasa, que debe vigilar el Concello. Tampoco que se hayan eliminado líneas; que la edad de los autobuses supere el máximo acordado o que la concesionaria no respete sus obligaciones laborales. Todas ellas, situaciones en las que el Gobierno local puede sancionar a la empresa.
