Agentes de la Policía Nacional desarticularon en Valencia un entramado criminal relacionado con la venta de cadáveres. Falsificaban documentación para poder retirar los cuerpos de hospitales y residencias para venderlos posteriormente a universidades para su estudio por 1.200€ cada cadáver. Llegaron a facturar 5.040 euros a una universidad por realizar 11 incineraciones de cuerpos, una vez estudiados, las cuales no aparecían reflejadas en las facturas emitidas por ninguna de las incineradoras que operan en la ciudad.
Falsificaciones
La investigación comenzó a principios del 2023 tras tener conocimiento los agentes que se habría retirado el cadáver de un fallecido de la morgue de un hospital de manera irregular por parte de una funeraria, para lo que se habrían realizado falsificaciones en el libro registro del mismo, así como también en la documentación facilitada al Registro Civil.
Tras numerosas pesquisas, los investigadores comprobaron como dos trabajadores de una funeraria, tras falsificar documentos, se habrían apoderado de un cuerpo que se encontraba en la morgue del hospital y lo habrían trasladado a una universidad para su estudio en vez de haberle dado sepultura. Tendrían que haber enterrado al fallecido en su localidad de residencia, en un sepelio de beneficencia pagado por el ayuntamiento, sin embargo se vendió para su estudio por casi 1.200€, sin que ningún familiar o amigo hubiera dado consentimiento.
Buscaban fallecidos sin familiares
Continuando con la investigación, los agentes localizaron otro caso con el mismo modus operandi, esta vez el difunto estaba ingresado en una residencia geriátrica y al parecer, el propio hombre, tres días antes de fallecer habría autorizado, supuestamente, la donación de su cuerpo.
En este caso los investigadores pudieron constatar que el hombre poco antes de fallecer tenía menoscabadas sus capacidades mentales ya que sufría un deterioro cognitivo severo, lo que no le hubiera permitido entender lo que suponía la donación. Además dicha donación se firmó para que el cadáver fuera remitido a una determinada facultad de medicina y acabó en otra que pagaba más dinero por el mismo. Para ello, consiguieron, mediante engaño, que personal sanitario autorizara el cambio de destino del cuerpo.
Los investigados buscaban fallecidos que no tuvieran familiares, preferiblemente extranjeros o que hubieran tenido condiciones de vida precarias: así se aseguraban que no se hiciera ningún seguimiento por parte de algún familiar.
Realizaban una sola incineración y facturaban varias
Además de todo ello, los agentes averiguaron que también se habrían producido irregularidades en las incineraciones de los cuerpos que habían se donaban, supuestamente, a la ciencia. Al parecer, una vez las universidades acababan los estudios con los mismos, tenían que costear las incineraciones, haciéndose cargo de ellas la misma funeraria.
Tras varias gestiones, los agentes averiguaron que la empresa funeraria habría facturado a una universidad 5.040€ por 11 incineraciones, las cuales no aparecían reflejadas en las facturas emitidas por ninguna incineradora.
Parece ser que los investigados aprovechaban la disección y desmembramiento de los cuerpos para introducirlos en los féretros de otros difuntos, realizando en una sola incineración la cremación de varios cadáveres, ahorrándose pagar por ellas y a la vez facturándolas a la universidad, sacando notables beneficios con esta práctica.
Finalmente, ante tales hechos, los agentes detuvieron a los responsables de la funeraria investigada, así como a dos trabajadores de la misma como presuntos autores de un delito de estafa, además a dos de ellos también se les imputa un delito de falsedad documental.
