La Comisión Europea (CE) anunció este miércoles que ha abierto a España dos expedientes por incumplimiento en relación con la AP-9: por un lado, de la legislación comunitaria de contratación pública y, por otro, por no respetar la normativa sobre concesión de autopistas-después de la denuncia de ‘En-Colectivo’-.
Así, la Comisión inicia un procedimiento de infracción adicional a España por la renovación hecha por el Gobierno de José María Aznar en el año 2000 de la concesión de la autopista en favor de Audasa, ampliación que no vencerá hasta el año 2048 y que empezó a aplicarse el pasado 2023.
Como informamos en su día, en septiembre de 2021 la Unión Europea declaró ilegal la ampliación de la concesión dado que el Gobierno Aznar no realizó un concurso público entre distintas empresas, otorgándola a dedo a la actual concesionaria.
El Ejecutivo español recurrió esa decición pero, a la vista de las noticias conocidas hoy, Bruselas no ha tenido en cuenta sus argumentos y ahora envía una nueva petición que el Ejecutivo tendrá que contestar en un período de 2 meses.
Legislación sobre contratos públicos
Los 27 debían incorporar a sus legislaciones nacionales las normas europeas que regulan los contratos públicos y los de concesión…y debían de hacerlo antes de abril de 2016, todavía con Rajoy en el Gobierno, pero no fue así. De manera que sólo Rumanía, Bulgaria y España, incumplieron la normativa comunitaria.
La misma se había diseñado para abrir los mercados públicos a una verdadera competencia entre empresas de la Unión Europea, de manera que garantizase la mejor relación calidad-precio. La Comisión asegura que las leyes españolas no respetan la directiva comunitaria, particularmente lo que se refiere al tipo de poderes adjudicadores, contratos y modificaciones.
A ello se suma una segunda infracción: el haber hecho dos prórrogas de la concesión de la AP-9 a la empresa Audasa, sin aplicar adecuadamente los procedimientos de licitación e incumpliendo las normas europeas.
¿Qué pasará ahora?, el Gobierno español debe contestar antes de dos meses, si la respuesta que dé a la autoridad europea no fuese satisfactoria, esta puede llevar a España ante el Tribunal de Justica de la Unión Europea.
Rescatar la concesión
Por su parte, Ana Miranda, eurodiputada del BNG, presentó una pregunta dirigida a la Comisión sobre el procedimiento abierto pidiendo que se haga pública la respuesta que dio en su dia el Estado español, los plazos exactos y el expediente del mismo.
Miranda considera que el Gobierno Aznar amplió la concesión de la AP-9 incumpliendo la normativa comunitaria, “pois esta prórroga equivale a unha nova concesión, que só pode adxudicarse mediante licitación”.
Asimismo, la eurodiputada añade que “cada vez temos máis indicios de que a prórroga da AP-9 é Ilegal”, y subraya que “presionarei como fai o BNG en todas as institucións, para defender os intereses galegos,para que este procedemento chegue ao final e para que se anule unha concesión leonina, que vai en contra dos intereses das e dos usuarios”.
Por último Ana Miranda exige al Gobierno español que “aproveite esta situación para rescatar a AP9 e acadar, por fin, unha AP9 libre de peaxes”.
