Si Europa no lo remedia de algún modo, tendremos que seguir pagando el peaje de la AP-9. Su rescate “no es asumible”. Así ha calificado el ministro de Transportes, Óscar Puente, la propuesta del BNG sobre el rescate de la AP-9. Puente ha subrayado que supondría un desembolso de 4.000 millones de euros para las arcas públicas.
Anulación de la prórroga de 25 años aprobada por Aznar
En la sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, el portavoz del Bloque, Néstor Rego, interpeló al minsitro sobre la necesidad de anular la última prórroga de 25 años de concesión a Audasa- aprobada por el Ejecutivo de José María Aznar- de manera que fuesen las entidades públicas las que asumieran el control y gestión de la Autopista, eliminando los peajes y transmitiendo su gestión al gobierno gallego– que se debatirá en la Cámara el próximo día 11-.
“Es una reclamación, no sólo justa, sino que está de acuerdo con la legalidad”, indicó Rego, instando a Puente a “hacerlo por voluntad propia y no obligados”.
El responable de Transportes ha culpado a la gestión del Partido Popular de esta prórroga, añadiendo que si hubiese dependido delGobierno Sánchez se habría dejado vencer la concesión y acabado con los peajes. Además, Óscar Puente ha rechazado que se trate únicamente de ‘voluntad política’, como afirmaba Néstor Rego, “es una frase que escucho mucho…pero en mi territorio, aunque la voluntad política es importante, los euros lo son también”.
La Unión europea cree que la ampliación de la concesión es ilegal
En el transfondo de una concesión casi eterna, que está prorrogada hasta 2048, encadenando a los usuarios a un peaje que aumenta escandalosamente año tras año, están los dos expedientes que la Comisión Europea (CE) ha abierto a España por incumplimiento legal en relación con la AP-9. Por un lado, de la legislación comunitaria de contratación pública y, por otro, por no respetar la normativa sobre concesión de autopistas.
Así, la Comisión inició un procedimiento de infracción adicional a España por la renovación hecha por el Gobierno de José María Aznar en el año 2000 de la concesión de la autopista en favor de Audasa, que empezó a aplicarse el pasado 2023 por un período de 25 años
Como informamos en su día, en septiembre de 2021 la Unión Europea declaró ilegal la ampliación de la concesión dado que el Ejecutivo de Aznar no realizó un concurso público entre distintas empresas, otorgándola a dedo a la actual concesionaria.
El Ejecutivo español recurrió esa decición pero, como supimos en abril, Bruselas no ha tenido en cuenta sus argumentos y ahora envía una nueva petición que el Ejecutivo tendrá que contestar antes del próximo 24 de junio.
