La Xerencia de Urbanismo de Vigo ha decidio suspender, temporalmente, la licencia de obra que había aprobado en noviembre pasado para que la Xunta de Galicia reformase el edificio de los antiguos juzgados, en el número 4 de rúa Lalín. En el mismo iban a invertirse 24 millones de euros para ubicar en él un nuevo centro para las asociaciones de la ciudad. De hecho, más de 70 colectivos han solicitado espacio en el mismo.
El proyecto del arquitecto Alfonso Penela, fue el ganador del concurso de ideas convocado a finales de 2022 y estaba previsto que las obras -que cuentan con financiación del Fondo Europeo de Desenvolvimiento (FEDER Galicia 2021-2027)- empezasen los primeros meses de este 2025 y estuviesen terminadas el último trimestre de 2026.
El Concello dice que el inmueble es suyo, no es de la Xunta
¿Cuál es el motivo de la suspensión de la licencia? Según explica la concejala de Urbanismo, María José Caride, en una nota de audio-sin posibilidad de preguntas de los periodistas- se ha tomado esta decisión porque, de acuerdo con el expediente -y así figura en el Registro de la Propiedad- el propietario del inmueble es el Concello de Vigo, no la Xunta de Galicia.
Caride, asegura que la administración autonómica sabía que el edificio era propiedad municipal, porque así se lo hicieron constar desde el Registro y ha recalcado que no se trata de la anulación de la licencia sino de una anulación temporal, para darle tiempo a la Xunta a acreditar que es dueña del inmueble.
Asimismo, la concejala de Urbanismo añade que o se pueden acometer las obras porque el Gobierno de España traspasó en su este edificio para que fuese Palacio de Justicia y a la vista de que el mismo cambiará de uso, se suspende la licencia de obra, a fin de que “no suponga un perjuicio para el interés público municipal”. En este punto, María José Caride apunta que si no se suspendiese la licencia podría haber “responsabilidades administrativas o legales” para el Concello.
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Y la Xunta afirma que es suyo
Sin embargo, el Gobierno gallego no está de acuerdo con la postura del Concello. Así lo ha expresado el conselleiro de Xustiza, Diego Calvo, en respuesta a preguntas de los informadores. Calvo asegura que la parcela y el inmueble están a nombre de la Xunta y esgrimió como prueba de ello que el año pasado se pagaron 41.240€ al Ayuntamiento de Vigo en concepto de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
A ello se suma, insistió, el hecho de que el propio Ayuntamiento dio licencia de obra hace apenas dos meses -tras aprobar la solicutud presentada en febrero de 2024- hace casi un año-.
Asimimo, comentó, el Estado transfirió el edificio de los Juzgados de la rúa Lalín fue en propiedad y sin vinculación de destino y que el Real Decreto 2166/1994, del 4 de noviembre estableceque el Estado es el dueño del mismo.
A esta situación, comentó el conselleiro, se dio dealta en el Inventario Xeral de Bens e Dereitos da Comunidade Autónoma de Galicia, sin que hubiese impedimiento alguno y, por ello, paso a figurar en el Catastro a nombre de la Xunta de Galicia, abonándose el recibo correspondiente el Concello de Vigo.
“El alcalde siempre necesita un enemigo exterior”
Para Diego Calvo esta decisión es otra “prueba de que el alcalde siempre necesita un enemigo exterior con el cual estar en continuo enfrentamiento“ y ha calificado la suspensión de la licencia como una “decisión política”.
El conselleiro ha pedido a Abel Caballero que abandone esta postura que, recalca, no beneficia a Vigo ni a las entidades sociales de la ciudad, que son las destinatarias finales de la inversión de 24 millones que ahora se verá retrasada.
“Si la Xunta quiere invertir en Vigo no es para atacar al alcalde, sino para mejorar la calidad de vida de los vecinos”,concluyó Calvo y si hay un proyecto, el alcalde debería aplaudirlo, “en lugar de poner trabas todos los días“.
