Amnistía Internacional pide a los Concellos de Poio y Redondela que hagan público el protocolo de uso de las pistolas eléctricas tipo taser. La organización de derechos humanos recomienda que estos protocolos incluyan la formación adecuada para el persoal que las va a utilizar; un uso proporcional que no ponga en peligro la vida y salud de las persoas, y mecanismos de rendición de cuentas y supervisión externa independente, que se ajuste a las normas internacionales sobre el uso de la fuerza.
“Estados y empresas fabrican, publicitan y venden material de descarga eléctrica que se utiliza para infligir tortura y otros malos tratos”, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe, en el que pide un tratado global y jurídicamente vinculante que regule la producción y el comercio descontrolado del material utilizado para hacer cumplir la ley.
“Todavía no puedo dormir por las noches”: El abuso global del material de descarga eléctrica documenta que los organismos encargados de hacer cumplir la ley utilizan de forma intrínsecamente abusiva armas de descarga eléctrica por contacto directo —como pistolas paralizantes y porras eléctricas— en la calle, en las fronteras, en centros de detención de personas migrantes y refugiadas, en instituciones de salud mental, en comisarías de policía y en prisiones y en otros lugares de detención.
Usados en manifestaciones y concentraciones
Amnistía Internacional alerta de que estos dispositivos, “intrínsecamente abusivos, que administran dolorosas descargas con sólo pulsar un botón”, se han utilizado “contra manifestantes, estudiantes, opositores políticos, mujeres (incluso embarazadas), niños y niñas, defensores y defensoras de los derechos humanos”, entre otras personas. La ONG añade que “las personas supervivientes han sufrido quemaduras, entumecimiento, abortos, disfunciones urinarias, insomnio, agotamiento y profundos traumas psicológicos”.
En el informe también se analiza el creciente uso inadecuado de las armas de proyectiles paralizantes, que pueden tener una función legítima en la aplicación de la ley, pero que a menudo se utilizan de forma indebida. Son ejemplos de ello el uso innecesario y discriminatorio contra grupos vulnerables, que da lugar a lesiones graves y, en algunos casos, incluso provoca la muerte.
Isabel Flores, coordinadora de AI en Vigo, recalca que “las armas de descarga eléctrica por contacto directo pueden causar sufrimiento grave, discapacidad física duradera y trastornos psicológicos“. Su uso prolongado puede incluso provocar la muerte“.
Flores añade que “las armas de proyectiles paralizantes se utilizan contra personas que no presentan ningún riesgo de violencia, simplemente para castigarlas u obligarlas a cumplir órdenes. También se utilizan en el modo de contacto directo (en lo que se conoce como ‘aturdimiento por conducción’), que debería prohibirse. Pese a los claros riesgos para los derechos humanos asociados a su uso, no existe una normativa global que controle la producción y el comercio del material de descarga eléctrica. Las armas de descarga eléctrica de contacto directo deben prohibirse de inmediato y las armas de proyectiles paralizantes deben estar sometidas a estrictos controles comerciales basados en los derechos humanos“.
Este extenso informe se basa en la investigación llevada a cabo por Amnistía Internacional entre 2014 y 2024 en más de 40 países de todas las regiones del mundo en las que se han documentado casos de tortura y otros malos tratos con dispositivos de descarga eléctrica.
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Las armas de electrochoque en España no tienen regulación estatal
Amnistía Internacional ha expresado en múltiples ocasiones su preocupación por el uso y la regulación de las pistolas Taser en España. La incorporación de estas armas en el equipamiento policial debería ir precedida de una evaluación exhaustiva sobre las necesidades operativas que justifican su adquisición, debido a los riesgos que conllevan.
Actualmente, en España, Amnistía Internacional tiene conocimiento de que la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Ertzaintza, los Mossos de Esquadra y agentes de la Policía Local de al menos 62 municipios correspondientes a 13 Comunidades Autónomas cuentan con dispositivos de descarga eléctrica.
“Son armas potencialmente letales que además son particularmente nocivas cuando se utilizan frente a grupos identificados como especialmente vulnerables a sus efectos, como personas con cuadros de crisis mental, bajo los efectos del alcohol y/o bajo los efectos de las drogas. Y precisamente algunos cuerpos policiales están justificando la adquisición de las Taser para hacer frente a estos grupos, algo muy preocupante“, asegura la portavoz de Amnistía Internacional en Vigo.
En España, cada vez más fuerzas policiales están adquiriendo armas Taser en los últimos años, evidenciando preocupaciones claras para Amnistía Internacional en lo referente a los criterios en los que se basan las decisiones para incorporar este armamento en el equipamiento policial y a los protocolos de uso.
- Los criterios en los que se basan las decisiones para adquirir este armamento no responden por lo general a necesidades operativas conforme a los principios de necesidad y proporcionalidad, si no a justificaciones vagas y genéricas. Por ejemplo, la necesidad de actualizar el equipamiento con las últimas innovaciones tecnológicas disponibles (Policía Nacional), o para colmar un supuesto vacío entre la defensa policial y el arma de fuego (Mossos d’Esquadra) o para hacer frente a personas con problemas de salud mental o drogodependientes (policías locales de Oviedo, Marbella o La Bañeza).
- Los protocolos de uso permiten la utilización de Taser en circunstancias y supuestos que van más allá de lo que permiten las normas internacionales. Por ejemplo, los protocolos de Policía Nacional o Mossos d’Esquadra permiten el uso de Taser para la protección de la seguridad ciudadana, pero este umbral es demasiado bajo para un arma potencialmente letal como el Taser, cuyo uso debe estar restringido únicamente a situaciones de amenaza inminente para la vida y de lesiones graves. Tampoco lo prohíben en el contexto de manifestaciones ni en el caso de grupos vulnerables como personas con cuadros de crisis mental. El protocolo de la policía local de Oviedo prevee el uso de Taser en modo aturdidor (drive-stun), directamente contra la piel, un modo de uso que debería estar prohibido. El protocolo de la policía local de Seseña (Toledo) permite el uso de Taser si una persona manifiesta intención de ofrecer resistencia a la detención. Hay policías locales que directamente no cuentan con protocolo, como Castrillón en Asturias, o Aguilar de Campoo o Toral de los Vados en Castilla y León.
Cuidado en su utilización
En los últimos cinco años, Amnistía Internacional ha tenido conocimiento de la utilización de Taser contra personas con algún problema de salud mental, que son especialmente vulnerables a este tipo de armas, como la muerte de un hombre, en noviembre de 2021 en Badalona, tras recibir seis descargas; el de una mujer que recibió tres descargas en Sabadell, en noviembre de 2020, en un centro de atención primaria y, más recientemente, “en 2024, en la provincia de Pontevedra, cuando se utilizaron contra una persona que padecía una enfermedad de salud mental“
Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente a las autoridades españolas que avance en la elaboración de una legislación estatal que contenga las correspondientes garantías y salvaguardas en la introducción y utilización de este tipo de armas. “Es esencial garantizar una formación adecuada para los agentes, establecer protocolos claros y asegurar mecanismos de evaluación y rendición de cuentas para prevenir posibles abusos”, añaden desde AI.
