El edificio de los antiguos juzgados, en la rúa Lalín, seguirá abandonado por tiempo indefinido. La Xunta ha tenido que resolver el contrato para la reforma del inmueble, en el que estaba prevista una inversión de 24 millones de euros para la creación de un ‘centro de asociacionismo’, “al no recibir respuesta del Concello de Vigo a las alegaciones presentadas en febrero ante la decisión municipal de suspender la licencia de obra que había aprobado meses antes”.
Como informó vigoalminuto, en enero, la Xerencia de Urbanismo de Vigo decidió suspender, temporalmente, la licencia de obra que había aprobado en noviembre para que el Gobierno autonómico iniciase los trabajos de recuperación del edificio.
¿Por qué se suspendió la licencia?
Según explicó la concejala de Urbanismo, María José Caride, se tomó esa decisión porque, de acuerdo con el expediente -y así figura en el Registro de la Propiedad- el propietario del inmueble es el Concello de Vigo, no la Xunta.
Sin embargo, el Gobierno gallego no está de acuerdo con la postura del Concello y sostiene que la parcela y el inmueble están a nombre de la Xunta y ha esgrimido como prueba de ello que en 2024 se pagaron 41.240€ al Ayuntamiento de Vigo en concepto de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). A ello, según el Gobierno gallego, se suma el hecho de que el propio Concello dio licencia de obra hace apenas a finales del año pasado -tras aprobar la solicitud presentada en febrero de 2024-.
Por último, el edificio de dio de alta en el Inventario Xeral de Bens e Dereitos da Comunidade Autónoma de Galicia, sin que hubiese impedimento alguno y, por ello, paso a figurar en el Catastro a nombre de la Xunta de Galicia, abonándose el recibo correspondiente el Concello de Vigo.
A juicio
A la vista de estas discrepancias, deberá ser un juez quien decida si el inmueble es del Ayuntamiento o de la Xunta y mientras no se resuelve el procedimiento judicial -que podría demorarse años- la Administración Autonómica tiene que resolver el contrato del proyecto para la rehabilitación de la antigua sede de los juzgados, puesto que esta obra tiene comprometidos fondos europeos y fondos propios de la Xunta que tienen que ejecutarse y no pueden estar inmovilizados.
