Así lo han asegurado la diputada por Pontevedra, Irene Garrido y la senadora Elvira Larriba quienes, este sábado, acompañadas por el secretario general del Partido Popular en Vigo, Michel Fidalgo, han comparecido en rueda de prensa para explicar las medidas acometidas por el Gobierno Rajoy en los últimos cuatro meses.
Garrido, quien recalcó que las decisiones no agradan ni al Ejecutivo ni al PP, “han sido necesarias porque nos encontramos la economía en una situación extrema, con una deuda que genera unos intereses superiores a los 30.000 millones de euros, una cantidad que no podemos pagar”. La diputada popular subrayó que el gobierno Zapatero no había cumplido ni los objetivos de crecimiento económico para los ejercicios 2011 y 2012, ni los de déficit público que, lejos del 6% , se ha “disparado” al 8,5%; a ello se añadía, “el endeudamiento del sector privado, el grave problema causado por la burbuja inmobiliaria y la pérdida de competitividad, que han llevado a que 5.639.000 españoles estén en el paro”.
Irene Garrido enfatizó que “por esas 5.639.000 razones” es necesario profundizar y agilizar las reformas que, garantizó, asegurarán un crecimiento del 0,2% en 2013, la estabilidad de la tasa de paro, el año que viene, en el 24,2% y el equilibrio presupuestario en 2016. Por ello, defendió el cuadro macroeconómico presentado este viernes por el ministro De Guindos y las reformas acometidas por el Gobierno en los ámbitos laboral, económico-financiero y crediticio que, anunció, seguirán con nuevas medidas como el Plan de Privatización de entes Administrativos e Inmobiliarios y la reforma de las Administraciones Públicas.
Por su parte, la senadora Larriba, confirmó que la Reforma Educativa, “que permitirá ahorrar 3.000 millones de euros”, supondrá una mejora, tanto de la Enseñanza Universitaria como de la Obligatoria, sin renunciar a su carácter “universal, sostenible, eficiente y de calidad”. Tras aclarar que dicha reforma no se aplicará en este curso, incidió en que la misma se hará “sin bajar la calidad, sin tocar los sueldos de los profesores y manteniendo las becas” que, desde ahora, pasarán a basarse en el rendimiento académico, exigiendo notas medias entorno al 5,5 y 6, para poder optar a ellas y mantenerlas de un curso a otro. Además, los centros no tendrán que seguir ofreciendo dos modelos de Bachillerato, aunque sí se aumentará el número de alumnos por aula, “equiparándolo a países como Alemania o los Estados Unidos”; se incrementarán las horas lectivas del personal docente de las universidades, se racionalizarán las titulaciones y se actuará contra el abandono de los estudios que, actualmente, está en un 30%. Respecto al incremento de las tasas, que Larriba calificó de “equitativo”, aseguró que se adaptarán a su coste real, de manera que los estudiantes asuman un 25% del precio de las matrículas, “que podrá llegar a ser del 100% cuando se superen cuatro convocatorias”.
Por lo que se refiere a la Sanidad, el Partido Popular garantiza la supervivencia del sistema nacional de salud, “universal, gratuito y público”, para lo cual “ha sido imprescindible encarar varios cambios”. El primero atajar una deuda que, según los datos del Gobierno, se ha incrementado un 173%, desde 2009, llegando a los 15.000 millones de euros; en segundo lugar, especificó, se renovar el modelo farmacéutico, con el impulso de medicamentos genéricos, los cambios de envases para adaptarlos a los tratamientos, “no podemos seguir tirando 3.700 toneladas de medicinas al año”, y el pago por receta que, aclaró “por primera vez no tendrá que ser asumido por los parados sin prestación, que hasta ahora sufragaban el 40% de las medicinas y que pasan a pagar 0 €, ni los pensionistas con ingresos más bajos”; Larriba detalló que los enfermos crónicos no tendrán que abonar más del 10% y el resto de los jubilados, “en función de su renta, no superarán una cantidad que estará entre 8 y 18 €”. A estas iniciativas se suma un control “exhaustivo” del ‘turismo sanitario’, lo cual implicará un recorte de gasto de unos 1.500 millones anuales.
Con respecto a las promesas hechas por Mariano Rajoy durante la campaña electoral e incumplidas tras su llegada a la Presidencia, ambas parlamentarias recordaron que “la primera promesa del presidente fue decir la verdad y ésta es que nos encontramos con una situación límite”, lo cual obligó a tomar nuevas decisiones “para garantizar la Educación y la Sanidad, y hacerlo desde una base real”.
En relación con el compromiso de creación de 2 millones de puestos de trabajo, las responsables populares respondieron que habrá creación de empleo neto del 0,7% en el año 2014, y que será posible generar ese número de trabajos antes de 2020, “porque estamos acometiendo reformas estructurales”.
Por lo que se refiere a la intención, repetida antes y después de las Elecciones Generales de no subir el IVA, Irene Garrido explicó que en 2011 “dijimos que no era oportuno dado que estábamos en medio de una contracción del crecimiento”, pero que a finales de 2013, con un incremento del 0,2% del Producto Interior Bruto, “será el momento de subir los tributos al consumo, lo cual permitirá recaudar 8.000 millones de euros y, al mismo tiempo, reducir las cotizaciones sociales para facilitar la contratación”. En este sentido, rechazó que no hubiese diálogo con los sindicatos alrededor de la Reforma Laboral, señaló que la misma había tenido mayor apoyo parlamentario que la impulsada por el gobierno anterior, “aunque se plantease una huelga general antes de su aprobación”, concluyó que es “absolutamente necesaria” y negó que no fuese útil para crear empleo, “hay que darle tiempo, puesto que prevé beneficios fiscales y bonificaciones que ayudarán a la mejora laboral”.
En relación con el compromiso de Rajoy, asumido por el presidente de la Xunta, de solucionar el problema del Tax-lease en 45 días, Elvira Larriba recordó que no hay una unidad fiscal en la Unión Europea y que, por ello, pese a que el Gobierno ha propuesto un sistema similar al francés, “el comisario Almunia no lo ha aceptado”. La senadora, sin embargo, no negó que la solución no está cercana, aunque reivindicó los esfuerzos hechos por el Ministerio de Industria y por el ejecutivo gallego que, “por intervención del Gobierno, se sentará en una comisión con la Unión Europea para cerrar una solución”.
