La Ley de Transparencia aprobada hoy por el Gobierno de Mariano Rajoy deja fuera la posibilidade de conocer hasta el último céntimo qué se gastan los miembros de la Corona española. El argumento esgrimido por la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, es que la Casa del Rey “no forma parte del grupo de administraciones públicas”.
De esta forma, los populares guardan en el cajón las no pocas peticiones de ciudadanos y distintas organizaciones que hicieron llegar sobre que en dicha Ley tendría que estar incluída la Familia Real. La Administración central recibió más de 3.600 correos haciendo sugerencias de todo tipos sobre la Ley de Transparencia que vio la luz esta mañana, pero las referidas al Rey y sus familia no han sido tomadas en cuenta.
En cambio, el Gobierno sí que ha hecho caso de la ciudadanía en cuestiones como incluir en la nueva normativa a los adjudicatarios de los contratos públicos y a los colegios profesionales.
