El Registro Unificado de Maltrato Infantil (RUMI), que la Consellería de Traballo e Benestar puso en marcha en 2010, tiene por objeto aumentar la efectividad y reducir los tiempos de intervención de los equipos de menores ante un indicio de maltrato al acortar los tiempos de comunicación e introducir en el registro una primera evaluación de cada caso. Además, pretende mejorar la información existente en el campo estatal al acercar datos de la comunidad.
Según informan este domingo desde la Xunta, desde su puesta en marcha, un total de 2.068 profesionales de los campos educativo y policial están ya dados de alta en el uso de dicho registro.
A través del RUMI, los profesionales de los campos educativo y policial pueden señalar, dentro de un catálogo de síntomas, cuáles son los que aprecian en uno niño o niña. Estos síntomas aparecen asociados a cada uno de los principales tipos de maltrato: el físico, la negligencia, el emocional y el abuso sexual. Este sistema facilita la tarea de decidir si una determinada circunstancia observada en un menor puede ser indicativa de maltrato.
En el RUMI también se acerca información sobre el significado de cada término y el grado de gravedad de cada uno de los tipos de maltrato, así como la necesidad de comunicar cualquier sospecha de maltrato.
Cuando un usuario realiza esta última actuación, que de ninguna forma representa una diagnosis de la situación, esa notificación es remitida automáticamente al Servicio de Protección de Menores de la Consellería de Traballo e Benestar, y a estas mismas unidades de los departamentos territoriales correspondientes.
En este último punto, la Administración gallega pone en marcha un protocolo de actuación ejecutado por los equipos técnicos del menor para comprobar se existe o no maltrato a un menor y aplicar las medidas oportunas segun el caso.
En este sentido, el departamento autonómico recuerda a los usuarios del RUMI la importancia de notificar en el sistema cualquier sospecha de un caso de este tipo.
En la actualidad, son 220 los usuarios de centros de trabajo de la policía local y judicial, a los que se suman los 1.848 procedentes de centros educativos de la comunidad gallega.
De este modo, el Gobierno gallego pretende garantizar que los derechos del menor se cumplan adecuadamente a través del estudio profesional y confidencial de cada una de las notificaciones remitidas. Por lo de ahora, esta aplicación está siendo implantada en los campos educativo y policial, si bien en un futuro podría ampliarse a los ámbitos sanitario, social y judicial.
