Han cometido, presuntamente un delito contra Altos Organismos del Estado. Eso es lo que entiende el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, quien ha citado a declarar, el próximo 4 de octubre, a 8 de los supuestos organizadores de las de ‘25S Ocupa el Congreso’, al entender que podrían haber incurrido en un delito tipificado en el artículo 494 del Código Penal.
Dicho artículo estable que podrán ser condenados a pena de prisión de seis meses a un año o multa de doce a veinticuatro meses «los que promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones ante el Congreso, cuando este esté reunido, alterando su normal funcionamiento». Las citaciones se producen en base a la identificación, realizada por la Policía, en Madrid, y tras una investigación, llevada a cado los últimos días, en las redes sociales, como Facebook y Twitter.
Desde la Coordinadora 25S, se insiste en que es una acción «no violenta», que no no pretende impedir el paso de los diputados, y que llegará hasta donde lo permita la barrera policial.
“Es evidente que intentan construir un escenario lo más crispado posible, que la Delegación del Gobierno pretende criminalizar nuestras reivindicaciones y el creciente apoyo a la movilización, pero cada intento de hacerlo suma miles de personas para rodear el Congreso el próximo 25 de septiembre», añaden.
