La Carrera de San Jerónimo, donde está el Congreso de los Diputados, está cerrado al tráfico, rodado y a pie, y solo se deja acceder a la misma a los diputados, trabajadores y funcionarios de la Cámara Baja, previa identificación y, en varios casos, tras mostrar el contenido de sus bolsos o mochilas, lo mismo que los vecinos de la calle.
Este despliegue, en el que participan más de 1.300 agentes, empezó de madrugada antes la convocatoria a ‘Rodear el Congreso’, que está prevista para este martes a las 5 y media de la tarde, tras tres marchas simultáneas desde Cibeles, Neptuno y la Puerta del Sol.
Los portavoces de las dos organizaciones convocantes de la protesta, la Coordinadora 25S y la plataforma ¡En Pie!, han repetido, incansablemente, que no tienen intención de ocupar el Congreso, sino de rodearlo y andar alrededor; además, han hecho decenas de llamamientos, durante varios días, a través de las redes sociales, pidiendo a los manifestantes que eviten actos de violentos o de resistencia activa a los miembros de los cuerpos de seguridad.
Sin embargo, ni la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, que ha comparado a quienes acudan a esta convocatoria con los golpistas del 23 F, ni la delegada del Gobierno en Madrid, parece que lo hayan escuchado. Cristina Cifuentes ha advertido, varias veces, que no va a permitir, “bajo ningún concepto”, que los concentrados rodeen el Congreso, “eso sería un delito”, aunque no ha especificado cuál exactamente, puesto que en el Código Penal no hay ningún tipo que considere como tal el manifestarse y la propia Constitución en su artículo 21 dice, “1. Se reconoce el derecho de reunión pacifica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. 2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes”.
