El primero en declarar, este mismo lunes, día 15, ante el juez titular del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, será el ex director general adjunto ejecutivo de Novacaixagalicia, Javier García de Paredes. Además de a él, el juez Moreno ha llamado a Gregorio Gorriarán, responsable del Grupo Inmobiliario de la entidad, que tendrá que presentarse el miércoles, día 17; le seguirá, al día siguiente, Óscar Rodríguez Estrada, uno de los directores de la Oficina de Integración; el viernes 19, le tocará el turno a José Luis Pego, ex director general ejecutivo de Novacaixagalicia y el lunes, día 22, será el ex copresidente de la misma, Julio Fernández Gayoso el que tendrá que presentarse ante el juez.
El magistrado les imputa la comisión de un delito de administración desleal o, alternativamente, de un delito de apropiación indebida, después de admitir a trámite la querella contra ellos, presentada en junio pasado, en la que se señala que “actuaron con abuso de las funciones de su cargo y con pleno conocimiento de la dificilísima situación económica por la que atravesaba la entidad crediticia”.
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que todos ellos “dispusieron fraudulentamente de bienes de la entidad, ocultando al consejo de administración y al Banco de España el importe de sus prejubilaciones, y a las cuales en parte no tenían derecho, todo ello en menoscabo de la entidad crediticia que administraban y del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)”, y les reclama la devolución de las cantidades que considera percibidas indebidamente. En el caso de García de Paredes, le reclama 5,36 millones de euros, de los que cerca del 95% corresponde a los salarios que percibió entre el 1 de julio de 2012 hasta el 29 de enero de 2025, año en el que podría jubilarse, y que no tenía derecho a cobrar anticipadamente. A Pego se le reclaman 1,44 millones de euros, una cantidad en la que se incluye una indemnización por premio especial por dedicación de 933.156 €, aprobada sin el conocimiento ni la confirmación del Banco de España, mientras que Gorriarán tendría que abonar 913.602 € y Rodríguez Estrada 260.940. El fiscal no pide cantidad alguna a Fernández Gayoso al que, sin embargo, señala como cooperador en el plan de Pego, Gorriarán y Estrada para preparar su salida de la entidad.
Hay que recordar que José Luis Pego, que se prejubiló con 54 años habría cobrado 10,8 millones de euros (casi 1.800 millones de las desaparecidas pesetas); Gregorio Gorriarán, 7,5 millones de euros (1.247 millones de pesetas) y Javier García Paredes, de 51 años, 5,3 millones (881 millones de pesetas), en concepto de indemnización y el pago de sus sueldos íntegros de por vida. A ello hay que sumar que, de acuerdo con la liquidación de sus contratos, cuando cumplan los 65 años, recibirán en sus cuentas corrientes otros 33 millones de euros, entre todos.
En la actualidad el banco resultante de la fusión de Caixanova y Caixa Galicia, Novagalicia Banco, es propiedad del Estado en más de un 90%, después de que se le inyectasen 1.162 millones de euros de dinero público, en 2010, tras la fusión, y otros 2.465 millones de euros en 2011, a través del FROB. Pero ni este dinero ha llegado para reflotarlo, la gestión de estos directivos quedó reflejada en una auditoría que se realizó tras la integración de ambas cajas y en la que se recalcaba que “la contabilidad de Novacaixagalicia no reflejaba su verdadera situación patrimonial”, sino que su valor real era de 188 millones de euros, circunstancia que ha sido señalada por la Fiscalía
La querella relata cómo tras el acuerdo de fusión entre Caixa Galicia y Caixanova de 11 de mayo de 2010 y de la petición del primer apoyo financiero por parte del FROB, los directivos procedentes de Caixanova, José Luis Pego, Óscar Rodríguez y Gregorio Gorriarán, “siguiendo un plan preconcebido, prepararon su previsible y futura salida de la entidad y, en este marco, acordaron mejorar sus contratos de alta dirección”.
Estas mejoras las “ocultaron” al consejo de administración de Novacaixagalicia, para lo cual contaron, según sostiene la Fiscalía, con la necesaria cooperación del presidente de la entidad Julio Fernández Gayoso, quien firmó los nuevos contratos a favor de los directivos el 20 de octubre de 2010, sin la aprobación del consejo de administración de la entidad celebrado dos días antes.
Además, en los nuevos contratos se introdujo un nuevo derecho de viudedad, contratado con la compañía Caser, en el que se hizo beneficiarios de los planes de pensiones, en caso del fallecimiento del alto directivo, al cónyuge e hijos. En el consejo de administración de Novacaixagalicia de 1 de diciembre de 2010, el copresidente de la entidad, Julio Fernández Gayoso se limitó a informar de la elevación de estos contratos sin entrar en el fondo del asunto, prosigue el documento.
Fue así como los directivos procedentes de Caixanova consiguieron que la nueva entidad bancaria ratificara y se subrogara en las obligaciones que se extendieron, a propuesta de Fernández Gayoso al entonces director general adjunto, Javier García de Paredes, procedente de Caixa Galicia.
El Fiscal continúa diciendo que “para ejecutar el plan concebido”, el 15 de agosto de 2011, cuando ya se preveía la intervención de la entidad, y pese a que un un experto en derecho laboral plantea al consejo de administración el desestimiento de los directivos con motivo de la fusión entre las dos cajas gallegas y la entrada del FROB, el consejo de administración de Novacaixagalicia declara vigentes los contractos de alta dirección y decide dotar una provisión sin fijar la cuantía concreta para hacer frente a la supuesta renuncia de los directivos. Finalmente, en septiembre de 2011, Fernández Gayoso aprobó y liquidó las prejubilaciones de Pego, Gorriarán, Rodríguez Estrada y García de Paredes sin comunicarlo al Banco de España.
