Se esperaba con expectación la declaración en la Audiencia Nacional del actual presidente de Novagalicia Banco, José María Castellano, y no ha defraudado.
Y es que, este responsable –en calidad de testigo– explicó al magistrado que instruye la causa de las prejubiliaciones millonarias de cinco ex directivos de Novacaixagalicia (NCG) que uno de ellos, en concreto, el ex director del grupo inmobiliario, Gregorio Gorriarán, le propuso liquidar su contrato, cobrar su indemnización, pero seguir después ostentando su cargo en el nuevo banco.
Durante su comparecencia ante el juez instructor de la Audiencia Nacional que poco antes de acceder a la presidencia comunicó al entonces director general de NCG, José Luis Pego, que no contaría con él, puesto que los inversores institucionales interesados en la entidad quería cambios en la dirección, por la mala situación del banco.
Por cierto que Castellano le aseguró al juez que su contrato carece de blindajes como los que tenían los ex directivos, ya que le corresponde cobrar una anualidad en caso de despido.
En función de las limitaciones impuestas por el Gobierno a las remuneraciones de los gestores de las entidades controladas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Castellano percibe actualmente 300.000€ brutos anuales, frente a los 900.000€ brutos que establecía inicialmente su contrato.
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que, aprovechando la fusión de Caixanova y Caixa Galicia, José Luis Pego, Gregorio Gorriarán, Óscar Rodríguez Estrada y Javier García de Paredes modificaron sus contratos de alta dirección entre octubre y diciembre de 2010 para preparar su salida.
Estos cuatro fueron imputados por administración desleal o, alternativamente, por apropiación indebida, a raíz de la querella que presentó Anticorrupción contra ellos, pero también contra el ex copresidente de Novacaixagalicia, Julio Fernández Gayoso, en calidad de cooperador necesario.
La declaración de esta mañana de Castellano llega semanas después de la del ex director general adjunto ejecutivo de Novacaixagalicia, Javier García de Paredes; la de Gregorio Gorriarán, responsable del Grupo Inmobiliario de la entidad; la de Óscar Rodríguez Estrada, uno de los directores de la Oficina de Integración; la de José Luis Pego, ex director general ejecutivo de Novacaixagalicia y, por último, la del ex copresidente de la misma, Julio Fernández Gayoso.
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que todos ellos “dispusieron fraudulentamente de bienes de la entidad, ocultando al consejo de administración y al Banco de España el importe de sus prejubilaciones, y a las cuales en parte no tenían derecho, todo ello en menoscabo de la entidad crediticia que administraban y del FROB”.
A todos ellos la Fiscalía les puso ya una fianza de 10,5 millones de euros y que tendrá que ser pagada por estos cinco ex directivos.
