Quien ha anunciado que las víctimas del terrorismo, de la violencia sexista, los menores que soporten los ataques machistas en su familia, discapacitados y afectados por las redes de prostitución y trata de personas, no tendrán que pagar ni los costes de abogado y procurador, ni las tasas judiciales, cuando decidan interponer un pleito en los tribunales, ha sido el ministro de Justicia.
Pese a que este martes el PP votaba en contra de una proposición para que las mujeres víctimas de violencia machista tuvieran acceso a la justicia gratuita, Alberto Ruíz Gallardón ha aclarado este miércoles que una directiva de la UE reclama que estos colectivos estén exentos de cualquier pago en el orden penal, pero Justicia quiere ir más allá y extender este beneficio también a la jurisdicción civil. Según Gallardón, el Consejo de Ministros aprobará dentro de dos semanas la nueva ley de justicia gratuita que amplía el número de beneficiarios que tendrán acceso a este servicio público.
El Ejecutivo puede aumentar el número de usuarios de los abogados de oficio porque ha aprobado una ley de tasas que amplía considerablemente el pago que ciudadanos y empresas tendrán que afrontar si quieren dirimir sus problemas en los tribunales. Precisamente, el PSOE le ha reprochado este miércoles en el Congreso, donde Gallardón ha hecho este anuncio, que haya aprobado el “tasazo judicial” con el “rechazo social” de operadores jurídicos, la oposición y decenas de colectivos.
