El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha decretado prisión eludible bajo fianza de 30 millones de euros para Díaz Ferrán, después de declarar hoy, junto a los otros siete detenidos en la “Operación Crucero”.
Díaz Ferrán ha comenzado a declarar, pasadas las 10 de la mañana, acusado de insolvencia punible, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales, junto con el resto de los ocho detenidos. Entre ellos, que han pasado hoy a disposición judicial,además de Díaz Ferrán y Ángel Cabo, también figura Iván Losada, la mano derecha de este último en las sociedades que compraba y vaciaba (como Viajes Marsans, Vías Canales y Puertos, TECONSA o Nueva Rumasa), y otros supuestos testaferros como Antonio García Escribano, Rafael Tormo Aguilar y José Pardo Manrique.
Díaz Ferrán y su socio Gonzalo Pascual, fallecido el pasado mes de junio, habrían llegado a un pacto con Ángel de Cabo para ocultar los bienes procedentes de las empresas de Marsans y de sus sociedades patrimoniales para evitar pagar a los acreedores del grupo turístico, con los que mantenían deudas cercanas a los 1.000 millones de euros. En ese pacto se enmarca la venta de Marsans a De Cabo justo antes de que el grupo fuera declarado en concurso de acreedores.
En el curso de las investigaciones, la Audiencia Nacional ha bloqueado unos 50 millones de euros en metálico y cheques al portador que el entramado de De Cabo presuntamente intentaba sacar de España y que provenían de sociedades del grupo Marsans y otras empresas vinculadas a Díaz Ferrán y su socio, el difunto Gonzalo Pascual.
Durante los registros realizados por las Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en los domicilios y oficinas de los detenidos, se encontraron 1 millón de euros, el lunes, en casa de De Cabo, 400.000 euros en la de la secretaria Susana Mora y 150.000 y un kilo de oro que guardaba Díaz Ferrán. Las investigaciones también han desvelado que Díaz Ferrán obtuvo más de 4 millones de euros con la venta a inversores rusos de una casa en la localidad de Calviá (Mallorca) el pasado agosto, una de las operaciones de ocultación de activos que la Audiencia no ha podido paralizar.
