Alrededor de cien afectados por la compra de Participaciones Preferentes entregaron esta mañana en los Juzgados de Vigo un centenar de demandas individuales en las que piden la revisión de todos los expedientes de solicitud de arbitraje y el tratamiento de todas las denuncias presentadas como juicios rápidos, con un plazo de resolución inferior a tres meses.
La primera denuncia la hicieron en las oficinas de la Fiscalía informando, además, al fiscal de sus necesidades y de los problemas que están sufriendo tras ser “estafados”. Los afectados recordaron que el ministerio fiscal debe velar y “actuar para esclarecer esta situación, de oficio, sin costes para los reclamantes, los cuales tienen unos derechos según la Constitución y buena parte de ellos está siendo vulnerados”.
Posteriormente, se trasladaron al juzgado de guardia, en la planta baja del edificio nuevo y, ante la secretaría del mismo, presentaron una denuncia también individual, dirigida al juez de guardia “para que estudie la posibilidad de citarnos a declarar y entender que hay evidencias más que justificadas como para actuar de oficio, o dar traslado a la fiscalía obligando a esta a actuar”.
En ambos casos colapsaron las dependencias, creando una cola que llegaba desde el interior de la oficina del juzgado de guardia hasta el exterior de las dependencias del mismo. En todo momento se permitió, el desarrollo normal de las actuaciones y de los trabajos,” incluso cuando el juez Decano nos trasladó la petición de no usar silbatos, bocinas y pitos, para no entorpecer en las estancias donde se llevaban a cabo en esos momentos varios juicios”, siguiendo en tono bajo con los cánticos habituales, reclamando la necesidad de que se nos proteja y repitiendo lemas como “Xustixa ónde estás?”, “onde estás xustiza que non te vexo”, “isto é un atraco” ou “non imos parar ate os cartos recuperar”.
Según un portavoz de la Asociación de Afectados de la Plataforma Vigo-Baixo Miño, “la idea de esta acción es tratar de llamar la atención de los organismos que deben velar por la equidad entre la población, el derecho a ser protegidos y defendidos todos por igual, indagar a través de aperturas de diligencias informativas, citar a las personas que conformaban los consejos de administración”.
Asimismo solicitan que se exija copia de los datos financieros, en busca de posible falsedad documental, que citen como imputados al personal de la entidad que comercializó esos productos, para que testifiquen y aclaren si había escritos desde la dirección de las antiguas Caixanova y Caixa Galicia, al respecto de las “normas a emplear a la hora de venderlos”.
Los afectados entienden que “deben ser imputados desde la sección administrativa de la Xunta de Galicia”, al permitir sacar emisiones a la calle sin supervisar el Departamento de Consumo que se cumplían las normas establecidas en cada proyecto. “Es decir solicitamos que la Justicia actúe de verdad y no tan solo de cara a la galería como parece estar siendo dada la falta de resultados hasta hoy logrados por estos organismos”.
Además de todo ello, la Plataforma de Vigo Val Miñor va a secundar la creación de una asociación de productos tóxicos bancarios, (afectados por Preferentes y Subordinadas), para elevar demanda judicial y “tratar de demostrar que hubo falsedad documental en las cuentas de la entidad, si somos capaces de demostrar este presunto hecho, todos los contratos emitidos por la entidad carecerían de valor siendo declarados nulos, y con las correspondientes indemnizaciones, y recuperaciones de nuestros ahorros expoliados y secuestrados”.
