“Los tenedores de instrumentos híbridos – en los que se encuadran participaciones Preferentes- van a recuperar una proporción de su inversión en el entorno del 60 %, muy superior a la valoración actual de esos activos en el mercado”. Esta ha sido la respuesta del Gobierno a una pregunta parlamentaria hecha por el diputado socialista José Blanco, quien había dirigido la misma al Ejecutivo pidiendo que aclarase cuál sería la quita para los ahorradores a los que, de manera fraudulenta, se desvió su dinero a estos productos financieros.
En el caso de los afectados que tengan su dinero en Novagalicia Banco, este porcentaje, teniendo en cuenta el vencimiento de sus imposiciones y los intereses cobrados, además de la fecha de emisión, podría oscilar entre un 10 y un 50%, aunque no llegaría a los límites de otras entidades donde los ahorradores podrían perder hasta el 70 y el 80% de su capital.
Además de ello, el propio Gobierno indica que los ahorradores no van a recuperar ese dinero en efectivo o en ingresos en cuenta, sino en acciones, “títulos de capital”, de cada una de las entidades y que, en el caso de que no puedan venderlas, como en el caso de NGB, porque no cotiza en Bolsa, “se buscarán fórmulas para darles liquidez”, en este caso, la compra de las mismas recurriendo al Fondo de Garantía de Depósitos.
Debía ser el Consejo de Ministros de este viernes el que debía de haber aprobado esta solución pero, finalmente, la decisión se pospondrá hasta finales de este mes como, seguramente, anunciará el ministro de Economía en su comparecencia, la semana que viene, en el Congreso de los Diputados para explicar en qué estado está la reestructuración financiera.
Lo curioso de esta postura del Gobierno es que el mismo ejecutivo reconoce que hubo una mala comercialización de estos productos y apuesta por el arbitraje, pese a que, hasta el momento, en Galicia, únicamente 13.000 de los 47.000 afectados han recuperado su dinero, alrededor de 230 millones de euros de los más de 1.700 que se calcula están ‘retenidos’ por los bancos, es decir, apenas el 12,5% del total.
Otra posible solución, aunque no se contempla en la respuesta del Gobierno, sería la que ha anticipado Liberbank, creado a raíz de la fusión de Cajasur y otras dos cajas: pagar parte de su dinero a los afectados en ingresos en cuenta y parte en acciones y obligaciones convertibles.
