El Ejecutivo central duda bastante que sea posible que cuestiona su legalidad, pero desde el Gobierno de Andalucía defienden que sí. Hablamos del decreto sacado adelante desde la Junta y que pretende frenar de raíz la “sangría social” de los desahucios y se que traduce en expropiar viviendas a los bancos y cederlas a los perjudicados.
La medida sería una expropiación “temporal” por un plazo de tres años del uso de las viviendas en inminente desalojo y siempre que vaya acompañada de riesgo de exclusión social o amenaza para la salud física o psíquica de las personas. Asimismo, se incluyen las multas de hasta 9.000€ a las entidades con inmuebles vacíos.
Según señaló la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés (IULV-CA), el decreto, que se aplicará en breve, introduce además medidas de incentivo a particulares y sanciones a bancos e inmobiliarias para que “salga en alquiler el inmenso stock de viviendas vacías en Andalucía”, que cifró entre 700.000 y un millón de viviendas, de las que entre 350.000 y 500.000 pertenecen a personas jurídicas, fundamentalmente bancos y empresas inmobiliarias.
También se creará, por primera vez, un registro de viviendas deshabitadas con el objetivo de “arrojar luz sobre una realidad incomprensiblemente desregulada y opaca”, argumentó Cortés.
Actualmente, en Andalucía se produjeron una media de 45 desahucios al día.
