La Comisión Europea ha dejado claro este miércoles, que es responsabilidad de las autoridades y de los tribunales españoles, y no de Bruselas, afrontar las compensaciones a los titulares de preferentes de entidades nacionalizadas que hayan sido estafados.
Varios representantes de asociaciones de afectados por las preferentes de Bankia y Novagalicia Banco han comparecido ante la Comisión de Peticiones de la Eurocámara para denunciar que las entidades les vendieron estos productos de forma fraudulenta, vulnerando la legislación europea, y para pedir el amparo del Parlamento Europeo.
Los eurodiputados han decidido remitir toda la documentación a la comisión de Asuntos Económicos del Parlamento y enviar una carta al Gobierno español reclamando “soluciones”, con el objetivo de que “al pequeño ahorrador se le devuelva íntegro todo el dinero que fue estafado”, según ha dicho el presidente de la comisión de Peticiones, Willy Meyer.
El Ejecutivo comunitario ha resaltado que “es responsabilidad de las autoridades y los tribunales nacionales ocuparse de la compensación por los daños causados por posibles ventas abusivas a inversores”.
¿Habéis entendido hasta aquí estas palabras?...bien, pues dos eurodiputados del PP, no. Pablo Zalba, tras admitir que se trata de “un verdadero drama que afecta a miles de familias”, ha añadido que “es un problema que el Gobierno actual no ha creado, sino más bien ha heredado y a lo único que se ha limitado es a intentar solucionarlo”.
El eurodiputado popular ha recalcado que “cualquier decisión que adopte el Gobierno respecto a esta cuestión debe contar con el visto bueno de la Comisión” y de su vicepresidente, Joaquín Almunia. Su compañero, Carlos Iturgaiz, ha ido más allá y ha dicho que es Almunia quien “evita” que se devuelva todo el dinero a los ahorradores.
