El alcalde de Oia, tendría que hacer frente a “multas coercitivas de 1.500 € o cuantía superior” en caso de que no cumpla la sentencia, dictada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en 2009 que obliga al Concello a ejecutar el derribo del complejo Talaso Atlántico, declarado ilegal.
El auto de ejecución de la sentencia, dictado por el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Pontevedra, que se ha conocido este martes, rechaza los argumentos de la empresa dueña del hotel y del mismo Ayuntamiento para evitar el derribo.
La empresa hotelera ha solicitado la inejecución de la sentencia, por considerar que debe ser previamente indemnizada por los daños derivados del derribo, en concreto con unos 17,5 millones, argumento rechazado por la juez quien ha señalado que no habrá daños si antes no hay derribo.
El Concello sostiene que el Talaso es legalizable, un argumento rebatido por un informe pericial encargado por los jueces y que subraya que las obras incumplieron las normas urbanísticas, municipal y autonómica.
El juzgado establece que “no ha lugar a declarar la imposibilidad de ejecutar la sentencia”, y el Ayuntamiento debe asumir la demolición en el plazo de un año, plazo que expira a finales de este 2013.
