Las víctimas del franquismo, no declararán. Debían hacerlo por vídeoconferencia ante la juez argentina que se ocupa de la querella presentada por los familiares de varios asesinados por la dictadura de Franco. Pero no será así.
La propia jueza, en una nota, ha explicado que recibió una llamada del embajador de Argentina en España comunicándole que el Gobierno español le había trasladado su “malestar” por el procedimiento. El director de asuntos consulares le comunicaba que el procedimiento podría ser nulo ya que, para tomar testimonio, de acuerdo con el convenio bilateral de extradición y asistencia judicial en material penal firmado el 3 de marzo de 1987, la juez debía comunicarlo debidamente al Gobierno español y solicitar una comisión rogatoria. Y no hubo testimonio.
Las víctimas, que acudieron a la justicia argentina después de que el juez Baltasar Garzón fuera procesado, aunque el Supremo le absolvió, por abrir una causa contra el franquismo, habían solicitado a la juez la imputación de una decena de cargos de la dictadura, entre ellos, José Utrera Molina, suegro del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, o Rodolfo Martín Villa.
