El Gobierno ultima la reforma de las pensiones para cumplir, así, con una de las exigencias de la Unión Europea para autorizar a que España pueda retrasar la fecha de cumplimiento del objetivo del déficit público. En los próximos días se presentará a los agentes sociales el informe que está ultimando el comité de expertos – designado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social – que, como primera medida propondrá la bajada de la paga de jubilación.
Para ello se acometerá un cambio radical del sistema de cálculo de las pensiones en dos vertientes: reducir su cuantía a medida que el jubilado cumpla años y evitar que las mismas, como pasaba hasta ahora, suban de acuerdo con el ‘precio de la vida’, el conocido Índice de Precios al Consumo (IPC).
Ello se hace para ‘acercarnos’ a los porcentajes europeos. En la actualidad, un pensionista español cobre de pensión, de media, un 81,7% de la última nómina que percibió mientras estaba en activo, en el conjunto de los países occidentales ese porcentaje se acerca al 48%; la idea es ir acercando ambos. Por supuesto, no se hará de golpe, sino que se ‘recortará’ por tramos: el primero del 2020 al 2030 y el segundo de este año al 2050, de manera que, según varios expertos, en el primer ‘tramo’, se reduzca de aquel 81,7% al 76% y en el segundo, hasta el 66% – aunque estos porcentajes podrían variar en función de la evolución económica y demográfica.
Para ello, se tendrá en cuenta la esperanza de vida, es decir, se dividirá la edad del jubilado por su esperanza de vida en ese momento y el resultado que dé se multiplicará por la pensión. Por poner un ejemplo, si una persona que se jubile a los 67 años tiene en 2017 una esperanza de vida de 87 años, el resultado, 20, se multiplicará por la que tenga en 2018, por ejemplo 20,4, el resultado, 0,98, se multiplicará por su pensión, pongamos 1.000 €, lo cual dará 980 €; al año siguiente, 2019, si su esperanza de vida es de 20,5, el resultado, 0,975, se volverá a dividir, lo cual dará 975 € y así cada año – hay que considerar que la diferencia de esa esperanza de vida no sufre unas variaciones tan grandes de un año a otro -.
Como este ‘ajuste’ es largo, para garantizar la sostenibilidad del sistema, antes se eliminará la referencia del incremento de las pensiones al aumento del coste de la vida, el IPC –un porcentaje que ya ha tenido dos salvedades, en 2011 y 2012, en los que, a causa de la crisis las pensiones no han crecido con el Índice de Precios al Consumo -. La idea más extendida es que las pensiones suban de acuerdo con el aumento de los salarios, no de los precios. Es decir, si los salarios se incrementan en un 0,5% ese será el índice de referencia del incremento de las pensiones, aunque la luz suba un 7%, la cesta de la compra un 1,9%, la bombona de gas un 7,2% o el IVA un 2%.
A todo ello hay que sumar otros factores, como el retraso de la edad de jubilación a los 67 años, la exigencia del aumento de años cotizados para calcular el porcentaje de la pensión, las retenciones durante esos años o, como ya ha entrado en vigor, la imposibilidad de prejubilarse antes de los 61 años si no se han cotizado, al menos, 33. Todo ello sin dejar de recordar que aumenta la distancia entre quienes trabajan, y están cotizando para los que ya están jubilados, y el número de pensionistas: cada vez hay menos ocupados y más pensionistas; y otra variable más: quienes ahora empiezan a trabajar, y a cotizar, lo hacen en función de unos ingresos muchísimo menores que sus padres, lo que, porcentualmente, se traduce en una aportación menor, en casi un 40%, a las arcas de la Seguridad Social – según los datos del propio Ministerio de Empleo -.
