Las casi 6.000 viviendas propiedad de los bancos destinadas al Fondo Social de Vivienda (FSV) de alquiler para familias desahuciadas siguen vacías. Según los datos del Ministerio de Economía correspondientes a este mes, únicamente se han abierto 258 de estos pisos y formalizado el contrato de 89 inmuebles, pese a que el número de solicitudes se acercó a los 600.
Pese a ello, la Comisión de seguimiento del Fondo, ha calificado los mismos de “aceptables, teniendo en consideración que el programa empezó a aplicarse en marzo” aunque, pese a ello, la misma está dispuesta a replantear y revisar las solicitudes, y los requisitos para optar a una de estas viviendas, si “el tiempo demuestra que son demasiado exigentes”.
Hay que recordar que pueden acceder a un alquiler del FSV las personas desalojadas de su residencia habitual después del 1 de enero de 2008, con ingresos familiares inferiores a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), es decir, 1.597,€ mensuales y que cumplan algunos de los requisitos de especial vulnerabilidad: familias numerosas, violencia de genero y deudores en paro que hayan agotado la prestación.
El precio de los alquileres oscila entre 150 y 400 € al mes con un tope máximo del 30% de la renta global familiar, los contratos tienen una duración de dos años, prorrogables por uno más.
La mayor parte de los inmuebles proceden de cajas convertidas en bancos y esto, según representantes de varios partidos plantea un problema que es el hecho de que muchas personas no soliciten los mismos porque supone tener que tramitarlos con la misma entidad que los desahució de sus casas. Además de ello, algunas asociaciones han denunciado que el acuerdo suscrito por el Gobierno deja en manos de los estos si los solicitantes cumplen los requisitos. Para hacernos una idea: el banco decide si le facilita o no un piso al mismo propietario que le planteó todo tipo de reclamaciones para evitar que le echasen de su casa, “esto, además de humillante es ridículo y una tomadura de pelo”. Y es que se deja todo a la buena fe de los bancos, “y creer en la buena fe de entidades que no han dudado en estafar a decenas de miles de ahorradores, como se ha visto con las Preferentes, es como esperar a Rouco Varela vaya en la cabecera de la manifestación del Orgullo Gay”.
Además de todo ello está el estado y la localización de estas viviendas: ninguna supera el precio de 100.000 € y no están, precisamente, en zonas en las que haya mucha demanda para irse a vivir. A todo ello se suma que el banco puede exigir, cuando quiera, a la familia realojada que deje ese piso por otro . Todo ello ha sido calificado por la Plataforma de Afectados de la Hipoteca (PAH), como una vergüenza, una gran mentira, un montaje y el desprecio final a personas que lo han perdido todo en una crisis que no provocaron y de la que sí son culpables los bancos.
