PSOE, Izquierda Unida, PNV y UPyD se han sumado a la opinión del presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska y otros tres jueces de este órgano judicial que se oponen a que los miembros de la Casa Real gocen de una protección especial en su derecho al honor.
Por su parte, el portavoz del PP en Justicia del Senado, Manuel Altava, recuerda que la Carta Magna y la Constitución fijan que el Rey es el jefe del Estado y que, en virtud de ello, no tiene el mismo rango legal que cualquier ciudadano. “Por lo tanto es lógico que tenga que estar más protegido”, ha dicho. “El Rey es primus inter pares como jefe de Estado. Ese es el principio del que tenemos que partir, que es una protección decimonónica. Se podría debatir cómo debe ser la protección en pleno siglo XXI de los miembros de la Casa Real distinguiendo si actúan de manera privada o pública”.
El diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) por Asturias, Gaspar Llamazares, se muestra de acuerdo con el parecer de los jueces de que el Rey y su familia deben someterse a un mayor escrutinio y crítica pública. “Cuanto más arriba en la pirámide de poder, mayor sometimiento al control”, dicen los cuatro magistrados de la Audiencia Nacional.
Para Llamazares, cuanto mayor sea el grado de responsabilidad, mayores deben ser las exigencias ciudadanas. Tras recordar que su formación ha propuesto despenalizar las injurias a la Corona, Llamazares ha considerado que esta “hiperprotección junto con la inviolabilidad del jefe del Estado es una herencia de la Monarquía absoluta que poco tiene que ver con un sistema democrático”. “Si no lo entiendo para el Rey, mucho menos para los miembros de la Casa Real que intentan extender ese manto de impunidad que es totalmente impropio”
