El Gobierno mantendrá las sanciones a los jubilados con pensiones en el extranjero que no las declararon a Hacienda en sus correspondientes años fiscales. Y ello será así a pesar de que la propia Agencia Tributaria (AEAT) les informó de que esas cuantías no estaban sujetas a tributación.
La portavoz del BNG en el Congreso, Olaia Fernández Davila, envió el pasado mes de junio una pregunta parlamentaria al Ejecutivo interesándose por este asunto. Según decía, gran parte de los jubilados con pensiones en el extranjero han recibido requerimientos de la AEAT para que acrediten las cantidades percibidas desde 2008 por este concepto con el objetivo de proceder a su regularización en el IRPF de ese ejercicio. La diputada asegura que “este colectivo de afectados jamás recibió información en relación a la obligación de declarar dichas pensiones” y en ningún momento tuvieron intención de defraudar a Hacienda, lo que a su entender es “suficiente argumento para solicitar la eliminación de las sanciones interpuestas” que, en muchos casos, suponen “costes demasiado elevados para que los puedan asumir“.
En su respuesta, el Gobierno señala que la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de 2006, establece que “las personas físicas residentes en España tributan por su renta mundial, de modo que deben incluir, entre sus rendimientos del trabajo, las pensiones obtenidas, independientemente del lugar donde se hubieran producido y cualquiera que sea la residencia del pagador”.
Así, Hacienda “ha iniciado las correspondientes actuaciones de comprobación tributaria” para verificar si se declararon correspondientemente estas cuantías obtenidas en el extranjero, actuaciones que se pueden realizar “siempre que no haya prescrito el periodo impositivo objeto de comprobación” y respetando en cualquier caso los convenios para evitar la doble imposición.
