La Subdelegación del Gobierno en Pontevedra está ‘cosiendo’ a multas a los Afectados por la compra de Preferentes que se atreven a protestar en la calle, delante de los organismos oficiales, frente a las oficinas de Novagalicia Banco o en los Plenos de los concellos, especialmente los de O Val Miñor.
Las primeras órdenes de multar a estos ‘peligrosos radicales’, empezaron a llegar, firmadas por el subdelegado, Antonio Coello, a finales de abril de este año: exactamente, el día 26 de ese mes se recibía la primera sanción por “graves desórdenes” durante la reunión de la Corporación de Mos– hay que recordar que en el pleno del día 28 de febrero no se permitió la entrada de los afectados a la sesión, y las protestas se produjeron fuera – y en el del día 21 de marzo, la entrada al salón iba precedida de la correspondiente identificación, con la entrega del DNI, a la entrada y que la propia alcaldesa, Nidia Arévalo, habló con uno de los portavoces de los afectados antes de tomar la decisión de que la sesión no se celebrase.
La multa a una de las afectadas, que grababa imágenes con un teléfono móvil fue de 600 €, el motivo para la misma: “desórdenes graves en la vía pública”, al impedir la salida de un coche oficial, algo difícil de justificar a la vista de las fotografías del despliegue de hasta 12 vehículos de la Guardia Civil y varios más de la Policía Local.
Las siguientes fueron remitidas a los ahorradores –que hay que recordar que fueron engañados, estafados y a los que se les llegó a quitar más de 2.000 millones –entre los días 29 y 30 de aquel mes, la Subdelegación mandó, con números de expediente consecutivos, seis sanciones a afectados de Baixo Miño y Gondomar por sus protestas los días 20 y 23 de marzo y 5 de abril, todas iguales, cambiando únicamente el nombre del multado, de la misma cantidad. Curiosamente, el 20 de marzo los afectados se manifestaron en una visita del presidente Feijóo-que está siempre blindado en cada movimiento en el que se detectan cerca afectados– a Mondariz-Balneario. Una de las multas más llamativas es la que se comunica al portavoz de la Plataforma do Baixo Miño, al que se le impone una sanción por participar en dichas protestas cuando, curiosamente, no estaba allí.
Las multas siguen llegando los meses siguientes y, en julio, el subdelegado Coello firmaba sanciones a personas de avanzada edad, con problemas psicológicos, enfermedades, minusvalías e incluso por actos cometidos en lugares donde no estaban. La modalidad de las sanciones cambia: ahora son por circular llevando colocado “incorrectamente” el cinturón de seguridad – 100 € – tocar la bocina sin necesidad de ello – 80 € – o coacciones, que recae en una mujer de 82 años de edad -a la que se ve en la foto- que necesita un andador o dos bastones para caminar, y a la que se acusa de “increpar a agentes y proferir frases ofensivas a la autoridad”.
Esta misma semana, Encarnación, la mujer de 74 años cuya fotografía encabeza esta información, que mide 1,40 metros de estatura, a la que le han quitado alrededor de 150.000 € que tenía en preferentes y que se manifiesta habitualmente con ese tapacubos de un 600 que golpea con un utensilio parecido a un destornillador, la han multado con 100 € por “utilizar objetos contundentes que ponen en peligro la integridad de las personas”, durante una concentración delante del Concello de O Rosal.
Con esta sanción, los afectados suman ya algo menos de 30.000 € de multa, entre todos ellos, 9.000 de los cuales les han comunicado esta misma semana. Sólo por las concentraciones en los concellos de O Rosal y Tui, esas sanciones se acercan a los 20.000 € y el portavoz de la Plataforma de O Baixo Miño acumula, él solo, alrededor de 7.000 € en multas.
La Subdelegación del Gobierno ha negado que estas sanciones sean por manifestarse y asegura que se tramitan por “actitudes contrarias al derecho de reunión, como provocar altercados e incitar al desorden público poniendo en riesgo la seguridad de los que se manifiestan legítimamente”. Además de ello, aclara que estas medidas son consecuencia de la denuncia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Sin embargo el subdelegado Coello no aclara cómo puede ser que una anciana que no puede caminar sin ayuda ‘coaccione’ a un agente de la ley de 30 años, más de 1,80 metros de estatura y con esposas, porra y pistola al cinto; tampoco explica en base a qué se consideran objetos contundentes un tapacubos y una barra de metal y de qué manera una señora de apenas metro y medio de alto puede poner en peligro con ellos la integridad de alguien.
El subdelegado también guarda silencio cuando sobre el porqué del hecho de que se manden las sanciones con números de expediente consecutivos por actos que las autoridades dicen que sucedieron en días y lugares distintos y protagonizadas por diferentes personas, tampoco hay explicación sobre la circunstancia de que, en varios casos, haya sido el propio fiscal quien haya pedido que no se apliquen dichas multas o, en los casos que han llegado a juicio, la absolución del denunciado.
